El TSJ levanta el veto al ladrillo en la costa de Dénia
La sombra del hormigón vuelve a planear sobre el litoral de Les Marines de Dénia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado el plan transitorio que regía la gestión del urbanismo en el municipio y que apostaba por la protección de casi tres millones de metros cuadrados en ese tramo de costa, impidiendo la construcción de 20.000 viviendas. El documento fue elaborado por el Ayuntamiento cuando gobernaban PSPV y BNV y aprobado por la Consejería de Territorio en 2005.
Aunque el fallo alude a defectos de forma, sus consecuencias urbanísticas son muy importantes: la denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos de Almadrava-Molins, uno de los sectores de Les Marines, que impugnó el plan transitorio por considerar los terrenos afectados como "suelo urbanizable con planeamiento suspendido", lo que evitaba su edificación. Además, los representantes legales de la entidad vecinal son los mismos que los de una promotora que aspira a construir 4.000 inmuebles en la zona.
La sentencia no cuestiona la protección de ese suelo en el litoral, pero anula el plan porque Territorio no respondió a los informes exigidos por diversas administraciones, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Educación o la Diputación. Así, un fallo judicial vuelve a dejar a Dénia sin su principal instrumento de planeamiento.
No obstante, el urbanismo no se paralizará en la ciudad ya que la Generalitat ha decidido recurrir la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo. Fuentes del anterior gobierno local de PSPV y BNV culparon de esta situación a la Consejería de Territorio, toda vez que sus criterios urbanísticos no han sido condenados. Y mostraron su inquietud porque el actual ejecutivo, integrado por PP e independientes tras la moción de censura, esgrima esa sentencia como argumento para dejar Les Marines sin protección en el nuevo PGOU.
Socialistas y nacionalistas denunciaron que ésa era una de las razones de voto de censura y recordaron que algunos de los ediles del actual ejecutivo de la popular Ana Kringe ya apostaron hace dos legislaturas por construir 20.000 casas en la costa. Por su parte, fuentes del actual gobierno local consideran que la sentencia "vuelve a demostrar la pésima política urbanística de PSPV y BNV".
