'Telegraph' dice que el Consell usó la sanidad como gancho inmobiliario

El Consell utilizó la oferta de sanidad pública gratuita como gancho para fomentar la compra la compra de vivienda (segunda residencia) en la Comunidad Valenciana de extranjeros, especialmente ciudadanos britanicos, sin derecho a ese servicio por no ser trabajadores en activo ni pensionistas, con el simple requisito de un certificado del padrón. Esta estrategia de la Consejería de Sanidad ha sido denunciada por el diario británico Telegraph en su edición del pasado 22 de junio. Para este rotativo, la iniciativa del ejecutivo de Camps de ofertar asistencia sanitaria gratuita a ese colectivo de expatriados británicos está directamente ligada al boom urbanístico del último lustro.

La Consejería de Sanidad publicitó esa oferta de sanidad gratuita para extranjeros sin derecho a ella a través de una circular que se distribuyó en los consulados de la UE. La medida, que rebasa el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana, permitió que, desde 2002, miles de ciudadanos británicos hayan obtenido la tarjeta sanitaria con el único requisito de presentar un certificado de empadronamiento, extremo que fomentó la compra de viviendas en suelo valenciano, sobre todo en Alicante, y una carta del departamento de pensiones del Reino Unido en la que se hacía constar que estaban excluidos de la Seguridad Social Británica.

Este favorable status sanitario del que ha gozado en los últimos años este colectivo de extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana desaparecerá con la entrada en vigor de la Ley de Aseguramiento Sanitario Valenciana. Inicialmente, la norma retirará la asistencia sanitaria gratuita a unos 1.600 prejubilados británicos con recursos económicos aunque no trabajen ni sean pensionistas.

La anómala situación sanitaria de los residentes ingleses fue denunciada hace dos años por el Gregorio Martín, catedrático de Computación de la Universidad de Valencia. El académico alertó al entonces consejero del ramo, Rafael Blasco, del excesivo número de ciudadanos de la UE que se instalaban en la Comunidad Valenciana atraídos por la concesión de la tarjeta sanitaria. Martín advirtió de que prácticamente iba a ser imposible cobrar al Reino la factura de ese servicio. "Está claro que en materia de Sanidad, el Gobierno Británico sólo reconoce al Ministerio de Sanidad, no a la consejería", asegura. "Y si ahora se les retira, y porque nunca tuvieron derecho a ese servicio", añade.