Terra Mítica presenta hoy otro ERE para el 40% de su plantilla
Los nuevos propietarios de Terra Mítica han decidido presentar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) "para garantizar el futuro del parque", según confirmaron ayer en un comunicado, aunque se negaron a desvelar el número de trabajadores que serán incluidos en su tramitación.
Sin embargo, la secretaria del comité de empresa, Maribel López, confirmó que afectará finalmente a 197 empleados, el 40% de la plantilla del parque. Y además de los 120 empleados fijos discontinuos, serán incluidos otros 77 trabajadores, algunos de los cuales había firmado la novación de su contrato anterior para rebajar sus emolumentos.
La nota de la dirección del parque asegura que llevan "varios meses intentando entablar diálogo con el colectivo sindical", pero no han llegado a un acuerdo. Y continúa diciendo que "no adoptar esta medida pondría en peligro la viabilidad del parque y su continuidad".
Los sindicatos aseguran que mientras la empresa pretende despedir gente, "está contratando por días y por fines de semana a personal que cubre picos de trabajo".
La dirección insistió en que "la plantilla excede las necesidades" actuales del complejo y que ha "intentado en todo momento ofrecer alternativas como la reubicación de los empleados en otros puestos, novaciones contractuales o la reorganización de horarios", pero no lo ha podido hacer por "la férrea negativa de los sindicatos a negociar".
Privatización
La mercantil Aqualandia explota el parque desde julio del año pasado en régimen de arrendamiento a cambio de un canon de 1,6 millones y un porcentaje de los beneficios. En septiembre decidió despedir a 54 trabajadores a través de un primer ERE que también implicó 19 suspensiones de contrato, firmado por todos los sindicatos excepto CC OO. Con el restante personal acabó la temporada, aunque adelantó el cierre casi dos meses respecto a los planes iniciales del Consell.
Tras invertir cinco millones de euros en reformar y refrescar las instalaciones, la intención de los actuales responsables es llegar a un acuerdo con el Gobierno valenciano antes de que finalice el verano para ejecutar la opción de compra que está contemplada en el contrato de alquiler, cifrada en más de 70 millones de euros.
