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Torrevieja paga 377.000 euros en 14 contratos al sobrino de un edil

El ingeniero técnico también es primo de otro concejal del PP

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha adjudicado 14 contratos por 377.274,85 euros a un ingeniero técnico que es, respectivamente, sobrino y primo de dos concejales del PP. Este caso de clientelismo político ha sido destapado por el Grupo Municipal de Los Verdes. El profesional beneficiado por estos contratos, la mayoría redacción de proyectos municipales, es el ingeniero técnico de obras públicas Fernando Sánchez Sánchez, sobrino del concejal de Contratación, José Antonio Sánchez García, y primo del concejal de Cultura, Eduardo Dolón Sánchez, ambos del PP.

De acuerdo con la labor de fiscalización realizada por Los Verdes al equipo de gobierno local, que preside el popular Pedro Ángel Hernández Mateo, el consistorio torrevejense comenzó a contratar con el mencionado técnico en junio de 2009. "El caso de nepotismo es tan claro que, prácticamente, el técnico beneficiado con los contratos despacha a diario en el Ayuntamiento con los funcionarios", comentó el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón.

Según los Verdes, el procedimiento de contratación ha sido invariable: cuando la cuantía de la contrata es inferior a 18.000 euros, se le adjudica de manera directa; y en caso de superar dicha cifra, se convoca a tres profesionales (él es uno), siempre a los mismos, de los cuales dos nunca presentan oferta. De esta forma, la plica del familiar de los dos concejales queda como oferta única y se lleva el concurso. "Y a vivir, que son dos días, que no se hinchen sólo el alcalde y los concejales del PP, que sus parientes y familiares también tienen derecho", asevera Dolón. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la opinión del gobierno local.El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, no ha contestado a ninguna de las ocho preguntas que el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, le planteó en el pleno del pasado 17 de marzo acerca de los contratos otorgados al técnico familiar de dos ediles del gobierno local.

En esa sesión plenaria, el edil de Los Verdes, además de solicitar por escrito los expedientes de las adjudicaciones del Ayuntamiento con el ingeniero Fernando Sánchez Sánchez, planteó ocho preguntas dirigidas directamente el regidor. Dos de ellas, textualmente, decían: "¿Qué criterios se adoptan para elegir siempre a los mismos profesionales para el encargo de la redacción de proyecto? ¿Considera usted señor alcalde que esta forma de adjudicación de contratos de proyectos municipales a un familiar de dos concejales que forman parte de la junta de gobierno podría tratarse de un fraude de ley?". Dolón señaló ayer que la primera y única respuesta del alcalde ha sido esta: "No se preocupe usted, le contestaré". Un mes después no ha tenido ninguna otra contestación, "únicamente una autorización para poder ver los expedientes de los contratos al ingeniero familiar de los concejales".

Fruto de esa revisión de los expedientes, Los Verdes han comprobado la existencia de al menos 14 contratos a favor del ingeniero Fernando Sánchez Sánchez por un total de 377.274,85 euros. De ellos, hay seis cuya cuantía no supera los 18.000 euros y fueron adjudicados directamente. El resto, entre ellos tres cuyo monto se aproxima a los 70.000 euros, fueron adjudicados mediante concurso, al que únicamente se presentó la oferta del familiar de los dos concejales del PP.

Clientelismo

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Para Dolón, los contratos otorgados al familiar de los ediles del PP es una evidencia del "clientelismo puro y duro en la época de crisis, con cientos de profesionales con experiencia y valía que han cerrado sus negocios o perdido sus empleos". "Pero eso no importa", añade, "ellos no tienen sobrinos ni primos en el Ayuntamiento y sin ese requisito su cualificación parece no valer nada".

Los Verdes también destaparon la multimillonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que ganó Hernández Mateo con la compraventa de una finca. El regidor está imputado por estos hechos. El Tribunal Superior de Justicia sólo ha visto en el caso "una ventajosísima" operación y ha pedido al juez instructor que justifique las pruebas de la imputación.

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