El Tribunal de Cuentas ordena esclarecer las irregularidades en Emarsa
El Tribunal de Cuentas ha ordenado que se proponga el nombramiento de un delegado instructor para determinar las posibles irregularidades contables y financieras en Emarsa, tras la denuncia interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en relación con las irregularidades en torno a la depuradora de Pinedo (Valencia). El tribunal retoma de esta manera las diligencias que había archivado debido a "la falta de concreción de los hechos que pudieran haber dado lugar a un saldo deudor injustificado" en la citada empresa, al haberse subsanado "los defectos de forma y fondo" de la denuncia original, que fue interpuesta en agosto del año pasado por los socialistas.
El Tribunal de Cuentas entendió que la denuncia hacía referencia a una serie de hechos que "podrían ser objeto de presunta responsabilidad contable", por lo que se acordó oír al ministerio fiscal y al representante legal de la Emshi sobre la procedencia de delegado instructor o el archivo de las actuaciones.
El pasado 10 de enero se subsanaron los defectos de forma y fondo. La subsanación consiste, según el auto, en que se han cuantificado "los daños supuestamente causados al Emshi" en 4.765.515 euros, por servicios facturados por las empresas Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática, Mantenimiento Valmasmark, Construcciones y Reformas Rocarfort, Notec, Printergreen, Hispavas y Francisca Ruiz San Jerónimo.
Alcance de fondos
Además, se concreta que la acción ejercitada debe dirigirse contra el presidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente de la sociedad, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa, Enrique Arnal.
El Tribunal de Cuentas concluye que examinados los hechos objeto de las presentes diligencias, "en todos ellos existen, al menos indiciariamente, supuestos que no pueden ser considerados como manifiestamente no susceptibles de generar alcance en los fondos públicos" de la Emshi. En este sentido, ordena que se proponga a la Comisión de Gobierno del tribunal el nombramiento de un delegado instructor, para determinar, tras las oportunas actuaciones de averiguación, "la existencia de un presunto alcance en los fondos públicos".
