Turbio legado urbanístico en L'Atzúvia
El fallecimiento esta semana tras una larga enfermedad del alcalde de L'Atzúvia, el popular Manuel Reig (1949), abre un rosario de incógnitas judiciales y urbanísticas. El gobierno de Reig, quien estaba en el poder desde las primeras elecciones democráticas de 1979, permitió la construcción de una veintena de lujosos chalés en suelo no urbanizable que precipitó una investigación de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil que aún está pendiente en los juzgados y que acarreó la detención del promotor de parte las viviendas y de su esposa.
En realidad, la biografía de Reig simboliza la vertiginosa transformación sufrida por municipios del interior de La Marina Alta como L'Atzúvia (668 habitantes), que en poco tiempo pasaron de la economía agrícola a auspiciar el desarrollo de ambiciosos planes parciales. Así, el alcalde, quien fue elegido con apenas 30 años bajo las siglas de UCD, compaginó al inicio la actividad municipal con la labranza en los campos de su propiedad, pero poco a poco cambió. Abrió una casa rural y se codeó con promotores y hombres de negocios que veían un territorio virgen para la construcción.
El fallecido alcalde impulsó programas que investigan los tribunales
Uno de ellos era el alemán Klaus May, quien el 11 de enero de 2008 fue detenido por la Guardia Civil junto a su esposa, Erna Sabrina May, acusados aún hoy de diez presuntos delitos urbanísticos, entre los que se cuentan los de ordenación del territorio, estafa, amenazas y coacciones. May era uno de los promotores que se había dedicado a construir lujosos chalés en suelo no urbanizable con licencias de casas de aperos que permiten una volumetría máxima de 32 metros cuadrados, a pesar de que algunas de las edificaciones llegaban a los 300 metros y contaban con piscina y pista de tenis. El grupo ecologista Gelibre, que hizo la denuncia, afirma que al menos existen veinte viviendas así.
L'Atzúvia estuvo a punto de convertirse así en un nuevo caso Catral, toda vez que la Consejería de Territorio fiscalizó la gestión urbanística del municipio y exigió la anulación de nueve de esas licencias. Reig siempre defendió su legalidad ya que una "casa de labranza es una vivienda". No obstante, L'Atzúvia quedó situada en el mapa de la fiebre urbanística algunos años antes, después de que el regidor popular decidiera impulsar tres planes urbanísticos -uno en la partida de la Moleta y dos en la de Forna- que sumaban un total de 2.000 viviendas. Para hacerlo, se inspiró en las Normas Subsidiarias de 1981, que carecen de los actuales criterios medioambientales e hídricos. Por ello, Territorio paralizó el PAI de la Moleta, pero aún debe decidir sobre los otros dos, y está pendiente la redacción de un nuevo PGOU. Reig también mantenía vínculos con los inspiradores de estos planes: el promotor de la Moleta, Jaume Ten, se censó junto a otras seis personas en un chalé en obras unas semanas antes de las últimas elecciones municipales, lo que les permitió votar pese a no haber residido jamás en el municipio. Con su habitual estilo, el alcalde dijo que "era lógico que los siete vivan juntos, pues son amigos".
Hubo otras anomalías llamativas en aquel censo: el entonces secretario del Ayuntamiento, pese a residir en Valencia, se empadronó en la casa rural del alcalde junto a un vecino de Pego, el médico lo hizo en el ambulatorio y otros misteriosos vecinos, en el centro cultural o en el local de la asociación de vecinos. El PP sacó cuatro concejales y el Bloc tres, por lo que los populares estuvieron a punto de perder el poder.
