UGT recurre el procedimiento que desplazó al profesorado de Ciudadanía

El desaguisado orquestado por la Consejería de Educación en julio -en puertas de que el Tribunal Superior de Justicia fallara en contra de la orden que obligaba a traducir al inglés las clases de Educación para la Ciudadanía- no se ha cerrado con la sentencia judicial que obliga a dar las clase en castellano o valenciano, las dos lenguas oficiales. El "secuestro" que hizo la Administración educativa de las horas lectivas del profesorado de Filosofía y Geografía e Historia capacitado para impartir la materia, que se negaba a darla en inglés, y su exclusión inmediata de los actos de adjudicación de plazas docentes será recurrido por la federación de enseñanza de UGT, según anunció ayer tras reunirse con 50 profesores afectados por las instrucciones de la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez.

Los sindicatos ya advirtieron a Gómez en julio de que desplazar a un profesor de su plaza por no acatar unas órdenes dadas en el límite o fuera de la legalidad podría considerarse prevaricación. La medida se enmarcó dentro de la "persecución política" contra los docentes que públicamente se negaron a dar en inglés una materia que el PP objeta en España.