La Unión de Consumidores pide al juzgado un parón en el 'caso Fabra'
La próxima semana termina el plazo de diez días que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules ha dado a las partes para que presenten sus escritos definitivos sobre el llamado caso Fabra. El juzgado daba así por finalizada la fase de instrucción sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y todavía presidente PP provincial que se abrió hace ocho años. No obstante, el proceso aún puede demorarse.
La acusación popular que mantiene la Unión de Consumidores de España (UCE) ha presentado un escrito ante el juez para pedir la paralización temporal del proceso. La petición se fundamenta en que la Audiencia Provincial de Castellón aún no ha hecho pública su decisión sobre el recurso presentado por la UCE en el que pedía imputar a varios ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, entre otros.
La acusación popular considera que debe imputarse a más personas
La sección segunda se reunió el 5 de diciembre para deliberar sobre el asunto. Es por ello que la acusación popular estima que no puede presentar un escrito de acusaciones definitivo si aún no sabe si puede acusar o no a estas personas. La decisión podría conocerse en breve, pero el plazo de diez días para presentar las conclusiones finales se agota a principios de la próxima semana. Tras este plazo las partes deben solicitar la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Pasado este último trámite el caso Fabra se enviará a la Audiencia Provincial para que fije una fecha de juicio.
El fin de la instrucción llega después de que a principios del pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo ordenara juzgar a Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos de fraude fiscal revocando así la prescripción de cuatro de ellos dictada por la sala provincial. El caso se remonta a hace ocho años, cuando el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios mediante gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura entre 1999 y 2003.
Según el auto del juzgado de Nules dado a conocer a finales de diciembre, el juez imputa a Fabra cinco presuntos delitos fiscales por no declarar a Hacienda junto a su exesposa ingresos de más de un millón de euros. Estos supuestos delitos pueden implicar penas de cárcel de hasta nueve años.
La Audiencia de Castellón estimó que cuatro de estos presuntos delitos fiscales habían prescrito y que solo cabía juzgar a Fabra por uno. El Supremo revocó esta decisión. Fabra anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y un incidente de nulidad procesal contra la decisión del Supremo de imputarle por los cinco delitos fiscales. Este recurso podría alargar más el proceso iniciado en 2003.
