_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Varapalo constitucional

ADOLF BELTRAN

Sería hilarante si el asunto no nos implicara a todos. "Hemos probado qué se siente cuando nos miran y nos admiran", dijo un presidente Camps demasiado eufórico en su debate de investidura. Apenas un mes después hemos tenido ocasión de probar qué se siente al hacer el ridículo. El varapalo que el Tribunal Constitucional ha propinado a la Generalitat valenciana, al rechazar la admisión a trámite del recurso presentado contra el Estatuto de Andalucía y tachar su pretensión de "extravagante", pasará a los anales. Se asombra el alto tribunal de que el Consell reconozca explícitamente la constitucionalidad de lo que impugna y de que, en realidad, pretenda la ilegalización de otro Estatuto, el de Cataluña, en el que se vinculan las inversiones del Estado al peso del PIB catalán en el conjunto de España. Desde luego, si de lo que se trata es de llamar la atención, lo hemos conseguido de nuevo. ¡Vaya que sí!

Ahora bien, el episodio ha revelado las claves que llevaron a Camps a la apelación de "seguir siendo líderes, ser los primeros, ser los mejores" que tanto reiteró en su breve y famoso discurso. ¿Seguir siendo líderes? Veamos. Ahora mismo, lo que pedimos es ser como los andaluces. Y no resulta difícil deducir por qué. El Consell ha echado cuentas y, como explicó Joaquín Ferrandis en este periódico, le salen 400 millones de euros anuales más con la cláusula de inversiones estatales incluida en el Estatuto de Andalucía y 350 millones anuales en el caso de que se aplicara el modelo que prevé el Estatuto de Cataluña.

Por eso dijo Camps que "queda atrás la distinción de comunidades históricas de hace 30 años que dio lugar a un trato diferenciado" mientras exigía la cabecera de la España autonómica para las comunidades con mayor población, como la valenciana. Es decir, ya no hay más hecho diferencial aceptable que el que me conviene (aunque las nacionalidades de verdad apuesten, por ejemplo, por una policía autonómica con plena operatividad y por asumir competencias en áreas que Camps ni menciona). Se trata de un criterio de liderazgo como cualquier otro, aunque perfectamente inconsecuente si no se defendió cuando tocaba en sede parlamentaria, o sea, al redactar el Estatuto valenciano. Mientras no se demuestre lo contrario el liderazgo autonómico corresponde a Cataluña, en la reivindicación de la productividad y la pujanza económica, y a Andalucía, si se apela al tamaño y la población. Lo demás suena a mero oportunismo.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_