Vercher ve un "grave problema" en la descoordinación policial

Antonio Vercher, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, apuntó ayer a la descoordinación policial como uno de los "graves problemas" que debe solucionar el Estado para hacer frente a los delitos ecológicos. Vercher, que participaba en unas jornadas de Jueces para la Democracia en Valencia, habló de la existencia de "auténticos reinos de taifas" verdes entre las fuerzas de seguridad. La fiscalía, creada el año pasado, "está todavía en mantillas", aceptó, y recordó que la tipificación de los delitos ambientales es muy reciente.

Las sentencias dicen ya que desecar una laguna no es motivo suficiente para desprotegerla

El fiscal protagonizó la segunda sesión de las jornadas ¿Otro urbanismo es posible? organizadas por Jueces para la Democracia y el Fòrum de debats de la Universitat de València, que abrió el jueves la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. El Aula Magna de La Nau no registró la gran entrada del día anterior. Pero el interés que suscita el ladrillo volvió a quedar demostrada con una afluencia de público más que respetable.

Vercher eludió pronunciarse sobre los supuestos casos concretos de corrupción urbanística que se le plantearon, por una cuestión "ética". La lectura de aquellos en los que los tribunales ya se han pronunciado, sin embargo, le permitió dibujar un escenario esperanzador en la lucha contra los delitos ambientales.

Pero hay que saber de qué punto se partía. Hasta la reforma del Código Penal de 1996 no existía una tipificación expresa de los delitos ambientales. Lo que obligaba a los fiscales a actuar "de facto", apoyados en figuras más o menos aplicables. Él fue, se recordó en la presentación de su intervención, desde la fiscalía de Valencia, uno de los pioneros en la materia. A ese primer frente, formado a finales de los ochenta y extendido progresivamente a otras ciudades, se le llamó los "fiscales de los pajaritos". Un sarcasmo que sirve para hacerse una idea del largo camino que le faltaba por recorrer a la nueva especialidad.

Una de las principales funciones encomendadas a la nueva fiscalía especial consiste en coordinar y supervisar los recursos humanos destinados a proteger el medio ambiente. Vercher destacó la importancia, en ese sentido, de alcanzar una auténtica coordinación entre los cuerpos de seguridad. Un objetivo en el que ya trabaja el Gobierno.

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, señaló, encomendó la protección del medio ambiente principalmente a la Guardia Civil, pero también a la Policía Nacional. Desde entonces, sin embargo, el número y categoría de policías que han ido ganando competencias verdes ha sido imparable. Hasta consolidar una auténtica red de "reinos de taifas".

El fiscal mencionó: Policía autonómica, guardias forestales, guardias fluviales (dependientes de las confederaciones hidrográficas), agentes de los cabildos (en Canarias), policías locales y, también, guardias forestales locales.

En relación con estos últimos, señaló: "Por su cuenta no hacen absolutamente nada. Sin embargo, adecuadamente coordinados al resto del contexto ambiental pueden ser enormemente eficaces".

La creación de la fiscalía especial que dirige todavía no ha concluido. Vercher describió la probable composición final de la que se ubicará en Valencia: Un fiscal jefe; dos fiscales adjuntos; personal de oficina; dos oficiales de la Guardia Civil; un oficial del Cuerpo Nacional de Policía; un arquitecto urbanista; un biólogo y un agente ambiental.

Fundar la nueva fiscalía, un proceso que describió como "duro", ha exigido levantar todo un nuevo andamiaje de lenguaje técnico y jurídico.

Definir por ejemplo exactamente el significado de términos como promotor urbanístico o casas ilegales; empezar a contabilizar el daño que un incendio provoca en los acuíferos, o el dióxido de carbono que un árbol deja de limpiar cuando es pasto de las llamas (de promedio, señaló, es capaz de absorber seis toneladas a lo largo de su vida).

Ya ha comenzado a surgir una una jurisprudencia, y ahí Vercher se mostró optimista, en la que los tribunales consideran por ejemplo que el hecho de llevar años pagando los impuestos municipales no implica la regularización de una casa construida de forma ilegal. O que la completa desecación de una laguna debido a su explotación clandestina, no tiene por qué llevar aparejada la desprotección del paraje. Dos sentencias "impensables" no hace mucho tiempo, aseguró.

El fiscal hizo una reflexión sobre la importancia del marco legal del suelo para abordar los delitos urbanísticos: La ley de 1998, que será reformada en poco tiempo, abrió la puerta a los excesos al convertir en norma lo que antes era una excepción; la calificación del suelo urbanizable