Vértigo a dejar el despacho

Los planes de las universidades para renovar de forma gradual sus plantillas han chocado con la negativa de la mayoría de afectados: profesores mayores de 60 años que han cotizado al menos 30 y a los que se les mantendría el 100% del salario actual hasta alcanzar los 70, la edad de retiro forzoso. El año pasado solo aceptó el 11% en la Universidad de Alicante y el 22% en la Politécnica de Valencia. La Universitat de València ha ampliado el plazo hasta el 15 de abril y estará satisfecha si logra convencer al 15% del total.

Las razones para no querer seguir cobrando lo mismo con la condición de dejar la universidad varían según los casos. Pero hay una que muchos profesores reconocen en privado y algunos de ellos en público: el vértigo a abandonar el despacho en la facultad, la perspectiva de no contar al menos con un espacio ("una mesa") en su departamento y de no poder seguir firmando convenios de investigación.

La Universitat dice que falta espacio físico para que los jubilados se queden

En Alicante se acogió el 11%, en la Politécnica, el 22% del total

Su referencia son las universidades públicas catalanas, que han reconvertido a los docentes veteranos en profesores eméritos, lo que les permite seguir acudiendo a la facultad aunque dispensándolos de dar clases, quitado de algún curso de máster o de doctorado. La diferencia es que los prejubilados catalanes no perciben todo el salario, sino el 85%.

Uno de los profesores valencianos que ha rechazado el plan cuenta: "¿Tú sabes lo que supondría tener que pagar todo el gasto que se hace aquí? ¿El teléfono, el ordenador, las fotocopias...? No podría pagarlo. Hay gente que llega aquí por la mañana, enciende la luz a las ocho y no vuelve hasta 12 horas después. Lo que tendría que hacer la universidad es controlar ese derroche". El docente afirma que a él no se le ha pasado por la cabeza lo de la jubilación con despacho: "Eso no tiene sentido. Si cuando viene un profesor visitante no tenemos sitio en el departamento donde ponerlo...".

Carlos Ferreira, vicerrector de Profesorado de la Universitat de València, ha hecho el mismo razonamiento pero a otra escala. "Supongamos que los 422 que pueden acogerse al plan decidieran quedarse en su despacho. Y que contratásemos a 350 profesores nuevos, en una proporción aproximada de cuatro por cada cinco que se retiran. ¿Dónde los pondríamos? ¿Haría falta un despacho nuevo, una línea telefónica nueva para cada uno? Sería imposible por una cuestión de infraestructuras".

Uno de los motivos que explican la baja tasa de prejubilaciones en el mundo universitario es que, hacia el final de su carrera, después de haber acumulado todos los complementos posibles (de destino, específico, investigador, por antigüedad, autonómico) el salario de un profesor puede alcanzar los 3.000 euros. Al jubilarse, y dado que el sueldo base resulta escaso, pasan a percibir prácticamente la mitad incluso si les corresponde la pensión máxima para un funcionario de clase A.

La oferta de las universidades consiste en compensar la diferencia que hay entre la pensión máxima y el salario con todos los complementos hasta los 70 años. Los rectorados han calculado que consiguen un ahorro incluso sumando ese gasto y el de los contratos del nuevo Personal Docente Investigador.

Las prejubilaciones incentivadas tienen, sin embargo, otros objetivos: rejuvenecer progresivamente unas plantillas que presentan altas concentraciones de mayores de 50 años (con el riesgo de que en los próximos 15 años se produzca una jubilación masiva); y ordenar la distribución de docentes entre departamentos deficitarios y excedentarios, cubriendo parte de las plazas que queden vacantes en unas áreas de conocimiento con contrataciones en otras.

José Honrubia, de 67 años, profesor de Estructura Económica, señala uno de los inconvenientes del plan: que carece de soporte legal. Algo que han asumido los campus españoles, y son muchos, que los han puesto en marcha. Y una de las críticas que los rectores formularon a la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que ignoró la cuestión. La solución ha consistido en configurar los planes como programas de duración limitada (uno o dos años) y no como derechos adquiridos por el conjunto de los empleados. Esa cautela hará posible hacer frente a los compromisos adquiridos con los retirados en caso de que los tribunales tumben el plan.

Honrubia lamenta que la prejubilación incentivada no contemple la posibilidad de que los afectados consigan convenios de investigación "con entidades o empresas" que significarían ingresos para la universidad (que se queda con el 22% de los fondos de cada proyecto firmado, un porcentaje que se conoce en los pasillos de las facultades como "impuesto revolucionario"). Y otros compañeros de Honrubia lamentan que no se aproveche lo que podrían seguir aportando a la sociedad. La Politécnica ha decidido, por su parte, dejar que cada departamento decida si conserva un espacio para el jubilado. "Es muy duro", dice un miembro del equipo de gobierno, "dejar en la calle a alguien que lleva aquí 30 años".