La auditoría constata el fin de Orange Market
La Sindicatura de Comptes constata en su auditoría de 2009 el fin de la relación de la Generalitat con Orange Market y las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel. El año pasado la Sindicatura evitó auditar la contabilidad de 2008 de empresas como la Agencia Valenciana de Turismo o Gestora para la Imagen Promocional de la Comunidad Valenciana, pero si lo ha hecho del ejercicio de 2009, pese a que fue el año de las detenciones de los cabecillas de la trama, los registros de sus oficinas y el recambio de algunos de los principales cargos públicos que mantuvieron relación con Álvaro Pérez El Bigotes y Orange Market.
Así, el informe constata la existencia de una factura de 606.100 euros, que corresponde a los servicios contratados con Orange Market para el diseño, montaje y desmontaje de Fitur 2009, aunque solo se abonaron 589.421 euros, dado al embargo preventivo decretado judicialmente por el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid.
En la misma auditoría, la Sindicatura de Comptes cuestiona el contrato de patrocinio negociado y sin publicidad por el que la Generalitat pagó 600.000 euros por promocionar la Comunidad Valenciana en el programa de televisión Operación Triunfo.
Respecto a la Sociedad Gestora para la Imagen Promocional -la firma del Consell que contrató con Orange Market la cabalgata inaugural de las regatas de la Volvo Ocean Race desde Alicante-, la Sindicatura observa que en 2009 la sociedad dependiente de la Generalitat utiliza unos criterios de contratación que no garantizan transparencia y publicidad. En unos casos solo se conceden tres días de plazo a los interesados para retirar el pliego del concurso y presentarse a servicios cuyo valor excede los 200.000 euros. En otros casos no se regula el principio de confidencialidad del contratista, ni se regulan los criterios para la evaluación de las ofertas.
La Sindicatura también incluye la fiscalización de Vaersa, que otorgó en 2005 a Orange Market el primer contrato público que le permitió operar posteriormente con la Generalitat. La auditoría vuelve a constatar la existencia de contrataciones en las que no se aplican los criterios de publicidad y concurrencia, y la ausencia de criterios que permitan adjudicar el servicio a la oferta más ventajosa. Así como la adjudicación de servicios a empresas que no tenían estos entre su objeto social.
