Al banquillo
Hicieron de su capa un sayo y procedieron con el descoque de quien se sabe impune. Así contrataron como les vino en gana con la llamada trama Gürtel y aceptaron sus obsequios sin la menor cautela. Consejerías, organismos y sociedades públicas, sin excluir la Presidencia y vicepresidencia de la Generalitat valenciana son reos de las mismas trampas y subterfugios administrativos consistentes por lo general en fraccionar los contratos para adjudicarlos a dedo, sin concurrencia ni publicidad. O sea, reos de aplicar la ley del embudo o la de Juan Palomo. Pura arbitrariedad. Un episodio escandaloso que ya se ha llevado por delante al secretario general del PP y herido de muerte políticamente al mismo presidente autonómico, Francisco Camps.
Pero ahí no concluyen las responsabilidades. Como es sabido, el juez instructor de la aludida red corruptora, Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha requerido a la Generalitat para que identifique a los máximos responsables de 17 departamentos que entre 2004 y 2009 contrataron con esos avispados comisionistas favorecidos por los gobernantes autonómicos. Era de cajón que así se procediera, aunque vistas cómo van las cosas por los palacios de la justicia, se nos antoja un prodigio de coherencia. Muy otra cosa es lo que se piensa en el entorno del Consell, donde ha privado hasta ahora dar la callada por respuesta y la política del enroque. En una actitud pueril han creído que tapándose los ojos se diluían los hechos. Ni siquiera se consideró viable pedir disculpas por la comisión de algunas irregularidades, según propuso el portavoz parlamentario del PP, conminado a envainarse la propuesta.
Ya es tarde para las disculpas. Ahora los individuos requeridos por el juez tendrán que dar cuenta de los trapicheos, aunque siempre podrán alegar que esta picaresca viene siendo una práctica generalizada con unos y otros gobiernos, si bien con distinta intensidad y desvergüenza. Sin ir más lejos, el mismo Ayuntamiento de Valencia, regido por la intrépida Rita Barberá, fue reiteradamente denunciado por la oposición y las auditorías debido a la adjudicación de contratos de obras mediante ese procedimiento trilero e irregular. Y no de una obra o de varias, sino de más del 70% de un año tras otro. Y, por cierto, tampoco han faltado los suntuosos obsequios, reputados de meras atenciones por la edil.
Otro alegato no menos pintoresco es el aducido por la portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, al minimizar el volumen económico de las contrataciones cuestionadas, que a su entender sólo significan el 0,04 % de las que efectúa la Generalitat. ¿Y eso en cuántos millones se traduce? ¿O sugerirá que los administrados hemos de resignarnos a subvenir un moderado robo -que de moderado, nada- de los dineros públicos a cargo de chorizos y parásitos? Debió ser más explícita, como también al mencionar la "distorsión generalizada de la información" que se está produciendo en torno a este asunto. Eso equivale a mentar la soga en casa del ahorcado, pues pocos gobiernos estarán tan dotados como éste para manipular o sellar a cal y canto las noticias. ¡Menuda barra!
Una mera pasada de los presuntos por el banquillo no garantiza el saneamiento y la transparencia de la gestión pública, pero siempre sería un aviso para navegantes y una justa aunque pírrica compensación a los damnificados, los ciudadanos. Y no menos, sino más aviso, supondría que el Tribunal Supremo diese vía libre el próximo día 12 al procesamiento por cohecho del presidente. Aunque ilusiones, las mínimas.
