A buenas horas mangas verdes
La ironía mordaz es una de las cualidades que atesora Rafael Blasco, pero que administra con avaricia. Y es una lástima que no la prodigue, pues contribuiría en ocasiones a distender este clima político valenciano, tan preñado de hosquedad, crispación y cuchillos largos. Ahora, el titular de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, en lo que reputamos como una de sus sutilezas, se aplica a la promoción de la llamada Carta de Buenas Prácticas, un sumario de propuestas y compromisos que desarrollan las directrices establecidas por el Libro Blanco de la Gobernanza Europea y la Declaración de Valencia acordada por la Conferencia de Ministros de la UE, celebrada el pasado octubre en esta ciudad. Apenas un año después, el eficiente consejero ha convertido el proyecto en documento al que se han adherido ya más de 300 municipios de la Comunidad. La firma es gratis y es bien sabido que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
El toque o toques irónicos se desprenden del contenido de la referida Carta cuando postula la transparencia y rendición de cuentas, la utilización prudente y productiva de los fondos públicos y la asunción de un Código Ético de Conducta Política, entre otros apartados que, en suma, coadyuvan a la democratización del gobierno en todas las instituciones municipales y autonómicas. Sería cosa de ver con qué cara y rostro habrán suscrito este documento tantos munícipes y gestores de la administración autonómica que han estado y están mofándose no sólo de las buenas prácticas, sino también de los más elementales principios morales, pues a la única carta que verdaderamente se acogieron es a la carta blanca para forrarse.
La afirmación parece disonar por demagógica, pero a poco que el lector piense en las tramas corruptas y escándalos que trufan la política valenciana colegirá que incluso nos hemos quedado cortos. Los salpicados por el asunto Gürtel, o el más reciente y hediondo Brugal, los procesamientos del presidente y vicepresidente de la Diputación de Castellón y la imputación del titular de la corporación alicantina, con alarmantes visos de soborno, por no aludir a las decenas de trapacerías a las que el gobierno de Francisco Camps impide todavía acceder, guiñándose por lo visto en la resolución del Tribunal Constitucional que obliga a tramitar las preguntas que la oposición formula en las Cortes. Una ocultación, ésta, que malversa irreparablemente el crédito de la institución y de la misma democracia, que ya anda tocada del ala. Por cierto, ¿se habrá adherido la presidenta de la Cámara a la Carta que glosamos? Cumbres de cinismo más altas se han visto por estos lares.
Nada hemos de objetar a esta apelación al juego limpio político, por más que sea meramente retórica. Lo malo es que, además, está devaluada por el fracaso del Código Ético que el PP propuso hace tres lustros y vulneró cuanto quiso y sin empacho. En realidad, el corolario a esta Carta habría de ser el que alecciona el refranero: a buenas horas mangas verdes. Tardía e inútil, pues lo que procede para sanear en lo posible este basural valenciano es el banquillo, el trullo y la exigencia de responsabilidades políticas a quien las tuviere, persona o partido. Esta solución no nos inmuniza contra la porquería, pero sin duda alguna el Código Penal ha de ser más admonitorio para los potenciales chorizos que predicar con el de las Buenas Prácticas.
