A la caza del profesor disidente

La consejería de Educación ha movilizado a los 133 inspectores de que dispone para que controlen a los profesores y directores de instituto disidentes con la normativa que obliga a los docentes a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. La orden, firmada por la jefa de los Servicios Centrales de la Inspección Educativa, Susana Sorribes, ha generado tensiones entre los inspectores, algunos de los cuales mostraron su malestar por unas instrucciones que consideraron "inéditas" y que les provocaba "vergüenza ajena". La asignatura Education for Citizenship and Human Rights, como la denomina oficialmente la Consejería, debe impartirse en inglés en las 2.120 aulas de 2º de ESO de la Comunidad Valenciana.

El "método" que utilizan los inspectores para controlar que los institutos siguen fielmente las directrices consiste en que uno de sus miembros -"siguiendo órdenes de la superioridad", subraya Jesús Herreros, director del IES Enric Valor de Picanya- llame todos los días por teléfono y se persone en el centro varias veces a la semana para preguntar por el funcionamiento de la asignatura y constatar que haya dos profesores por aula: el que da la asignatura y el que la destraduce al inglés.

Esta obsesión por el cumplimiento estricto de la normativa hace aún más notable las deficiencias existentes en otras materias. El director del Enric Valor recordaba ayer mismo que en su centro faltan 3 profesores de Matemáticas que se encuentran de baja por enfermedad y, sin embargo, a estas alturas del curso, la consejería no le ha mandado ningún sustituto.

Educación para la Ciudadanía, pese a contar con toda clase de apoyos oficiales, también tiene problema para impartirse de acuerdo con la normativa. Hasta 30 centros no pueden ofrecerla en inglés porque los "profesores-itinerantes" que deben oficiar de traductores-vehiculadores, según la jerga oficial, no han aparecido. Un director de instituto manifestaba a este periódico que el martes de la semana pasada la consejería le anunció que no podía enviarle ninguno de estos docentes itinerantes. Todavía no ha podido empezar a impartir la asignatura.

Pero lo que no falta es la llamada diaria del inspector para ver cómo va.Para "solidarizarse" con los equipos directivos y el profesorado que públicamente ha anunciado que no impartirá Ciudadanía en inglés, los 21 miembros que integran el secretariado nacional del STEPV acordaron -en un gesto insólito- "autoinculparse" ante la Consejería de Educación e "instar a los centros a impartir la asignatura en valenciano o castellano según su programa lingüístico".

El sindicato advierte con este gesto de que los profesores están siendo objeto de persecución por parte de la Administración y "corren el riesgo de la apertura de expediente disciplinario, si el consejero cumple su amenaza".

En esa misma línea, la diputada de Esquerra Unida, Glòria Marcos, denunció que "el consejero Alejandro Font de Mora ha llegado al delirio de enviar inspectores a los centros para controlar que la asignatura de Ciudadanía se imparta en inglés". Marcos calificó el "mecanismo de control y vigilancia" de la consejería de "delirio absoluto" y pidió explicaciones a Font de Mora sobre si "los inspectores se están enviando sólo a los centros públicos o también a los centros privados".

En paralelo, CC OO formalizó ayer ante la sala de lo Contencioso-Administrativo la petición de anulación de la orden valenciana que pretende obligar a impartir Ciudadanía en inglés por considerar que "no tiene ninguna intención pedagógica". El sindicato continúa de esta forma con el proceso judicial iniciado el julio contra la normativa valenciana sobre la que ya pesa una suspensión cautelar parcial del Tribunal Superior de Justicia.

Luis García Trapiello, de la ejecutiva de Enseñanza, denuncia "el catolicismo fundamentalista del Gobierno de Francisco Camps, el consejero Alejandro Font de Mora y la secretaria autonómica, Concha Gómez" y su afán de "dictar órdenes que vulneran las leyes estatales y la Constitución".

"La enseñanza de Ciudadanía en inglés", prosigue, "no responde a una laudable intención pedagógica", sino que tiene como fin "dificultar al máximo" el proceso de "adoctrinamiento" como lo define el PP. El sindicato recuerda que "en 13 años de Gobierno del PP en la Comunidad no se ha utilizado el inglés ni tan siquiera como lengua vehicular en 2º de ESO".

UGT reiteró ayer que ante "las ingerencias, ocurrencias e imposiciones" mantiene su intención de "convocar a la comunidad educativa a movilizarse la primera quincena de octubre contra la política educativa del Consell".