Una ciudad-cáncer insostenible
Desde que se presentó el Plan Rabassa la crítica fue masiva, sorprendiendo a los que confiaron en el letargo de una ciudad cautiva y desarmada ante los caprichos del PP y de otros piratas de la coyuntura y la ausencia de una oposición firme. El Plan Rabassa se convirtió en un símbolo: la línea que no podía traspasarse sin pagar un alto precio en imagen y prestigio. Era tan alta la apuesta que ante su desmesura sólo cabe la sospecha, fundada en tantos ejemplos, de acuerdos oscuros adoptados a media voz. Las objeciones formuladas, refrendadas por expertos y por la Sindicatura de Greuges, son múltiples. Podemos resumirlas: A) Genera desequilibrios urbanos: no sólo plantea dudas técnicas, sino que, además, favorecerá que se vacíen barrios consolidados para poblar la zona. B) Ninguna lógica democrática puede admitir que se entregue tanto territorio a un grupo de empresarios liderados por quien ya controla muchas obras y servicios en la ciudad, cuando podría haberse repartido en varias unidades que hubieran permitido una mejor adecuación a las necesidades reales y haber diversificado el uso del suelo. C) Hay dudas sobre la legalidad de algunas decisiones: ausencia de informes de la CHJ, incumplimientos de normas de competencia o la aprobación al margen del PGOU, incluido el que ahora se tramita, en el que figura como "en ejecución", cuando ni siquiera está aprobado.
Pero la crisis económica pone dramáticamente de relieve otras cuestiones. El Plan es una demostración de cómo una forma de entender la ciudad ha ayudado al desastre... y de cómo se quiere perseverar en ella. Como la economía alicantina, entregada a la fantasmagoría inmobiliaria como único motor, se ha debilitado profundamente, tiene sentido la pregunta sobre quién demandará viviendas: ¿se van a construir miles de casas sin comprador, cuando además habrá un relativo parón demográfico?, ¿se va a generar empleo en estas condiciones? Obviamente no. Lo que hace más repugnante el uso, por parte del empresario adjudicatario y del PP local, de necesidades humanas básicas como reclamo publicitario. En la práctica lo que significa esto es el crecimiento de una ciudad-cáncer insostenible, dentro del cuerpo de Alicante: por largo tiempo será un espacio vacío, que, sin embargo, habrá que tener en cuenta para algunas inversiones públicas, pero, sobre todo, que se reserva para que un señor haga negocios cuando cambie el ciclo. Hay que carecer de vergüenza para defender esta alternativa tan soezmente insolidaria. ¿Tendrá esa vergüenza el consejero García Antón, el mismo que pide cambios en el urbanismo valenciano, para parar la aberración?, ¿o el Plan Rabassa acabará siendo otra urbanización conocida en Bruselas, otro ejemplo de arbitrariedad y mal gobierno? Por si acaso, los recursos ya están preparados. Stop al Plan Rabassa.
Manuel Alcaraz es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.
