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La contaminación acústica

La ciudad del ruido 'protegido'

Las estadísticas sitúan a Valencia en los puestos de cabeza de los municipios escandalosos

La contaminación acústica es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, según el informe de 2006 del Síndic de Greuges. La alta concentración de locales de ocio en algunos barrios genera protestas desde hace años ante el Ayuntamiento de Valencia, que desde 1997 sólo ha declarado una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) por exigencia judicial. Los afectados no paran de pedir medidas, los hosteleros proponen planes de ordenación del ocio y concienciación. Pero el ruido sigue invadiendo hogares, mientras el Ayuntamiento, en manos del PP, elabora un mapa acústico y una nueva ordenanza en la que se apresura a blindar de restricciones las Fallas y otras fiestas populares.

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La decisión -ya revocada- de un juez de Tenerife de suspender el Carnaval por superar el nivel máximo de ruido permitido en las ordenanzas municipales (55 decibelios) causó perplejidad en la isla. En otras ciudades encendió las alarmas. Si algo así podía suceder en Tenerife, ¿qué pasaría en Valencia, que hace del estruendo el principal ingrediente de las Fallas?

En una reacción de una agilidad inusual en un asunto relacionado con la contaminación acústica, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, salió de inmediato a calmar la inquietud fallera. "Exceptuaremos y blindaremos la singularidad de las Fallas", indicó, "para que se puedan celebrar tradiciones culturales con toda brillantez". La salvaguarda se introducirá en la nueva ordenanza, aún un borrador, y aprovechará las excepciones que brinda la ley para saltarse los niveles máximos de emisión de ruido en ocasiones especiales. No sólo en Fallas, también en otras fiestas. No hay nada que temer: el ruido estará protegido.

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Los permisos que concedió el Ayuntamiento a las verbenas el año pasado autorizaban, entre el 15 y 18 de marzo, a funcionar hasta las 4 de la madrugada y elevar el volumen hasta los 130 decibelios -el límite del umbral del dolor y por encima de un coche de Fórmula 1-, lo que es "una exageración" para el abogado especializado en temas de ruido Andrés Morey. Para las Fallas de 2008, el blindaje ya estará en marcha. El borrador de la nueva ordenanza prevé para las verbenas un nivel sonoro de hasta 90 decibelios "con carácter general".

"Sólo son cuatro días", señalan en el Ayuntamiento. Cuatro días en una ciudad que el resto del año es todo menos silenciosa, según certifican una y otra vez estadísticas e informes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba en 2001 a Valencia en segundo lugar entre los municipios con más viviendas con problemas de ruidos exteriores (el 48,5%), ligeramente por detrás de Cádiz (49%). Un estudio de La Caixa otorgó en 2003 a Valencia el primer puesto. No es un caso aislado: la Comunidad Valenciana encabeza en el INE la clasificación con un 39% de casas afectadas por ruido exterior frente a la media nacional del 30%. Los informes del Síndic de Greuges también reflejan el incesante aumento de quejas por el ruido, una de las preocupaciones principales de los ciudadanos.

"Aquí tenemos Carnaval de Tenerife o Fallas todos los fines de semana", constata Antonio Puchades, portavoz de la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina, que intenta acabar en el entorno de la calle de Juan Llorens con la máxima "de que cualquiera pueda hacer ruido impunemente". Esta asociación, Amics del Carme y la comunidad de afectados del Pasaje del Doctor Bartual, en la conocida como zona de la discoteca Woody, firman un comunicado que recuerda que el ruido que invade sus casas vulnera el derecho fundamental a la intimidad y al propio domicilio, amparado por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y sentencias judiciales. Los afectados exigen a la alcaldesa que haga cumplir su propia ordenanza, que prevé la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en un conjunto de calles que sobrepasen repetidamente un volumen de ruido superior en 20 decibelios al permitido (55 por el día y 45 por la noche en zonas residenciales). La medida, que estos barrios consideran más que cumplida, implica la reducción de horarios, control del tráfico y paralización de licencias de ocio, un régimen que puede suavizarse si mejora la situación.

Hasta el pasado enero, la ZAS en torno a la plaza de Xúquer era la única desde 1997. Una de sus vecinas llevó su reclamación contra el Ayuntamiento hasta el Tribunal de Derechos Humanos, que en 2004 le reconoció una indemnización por el daño sufrido. La respuesta de la alcaldesa causó estupor: Barberá la felicitó por el "tesón" en la defensa de sus derechos. También destacó que la ZAS de Xúquer fue una actuación "pionera". Ha hecho falta una sentencia judicial para que se declare la de Woody una década después. El expediente llevaba paralizado desde 1998. Francisco Pardo, portavoz de los afectados, recuerda los tiempos duros, cuando por las noches se medían picos de 104 decibelios y una media de 65 a 80, "y eso de jueves a sábado todas las semanas".

En esa situación siguen en la zona de Juan Llorens y en El Carme, cuyos vecinos también se han visto abocados a la vía judicial "ante la pasividad" de la que acusan al Consistorio. Cansados de reuniones sin resultado palpable con el Ayuntamiento y los hosteleros, una moratoria que dicen no se cumple y medidas temporales de control policial, no ven otra salida que las ZAS. "Ya no se trata de contener el problema, sino de solucionarlo", destaca Toni Cassola, portavoz de Amics del Carme, "sólo nos queda la autodefensa", con el coste que implica. La asociación ha pedido en un juzgado mediciones hechas ya por el Ayuntamiento en un barrio en el que contabiliza 324 locales hosteleros.

La impotencia se mide por años. Antes de lograr el cierre de algún pub por exceso de ruido, los afectados acumulan un sinfín denuncias a la policía y al Ayuntamiento, donde los expedientes se eternizan en el "laberinto administrativo". Como ejemplo, el caso de un pub de la zona de Juan Llorens, cuyo expediente se estiró nada menos que ocho años de decibelios desbocados antes de que el Consistorio revocara la licencia.

Poco confían los afectados en la nueva ordenanza del ruido, que el concejal responsable, Ramón Isidro Sanchis, defiende y promete que "será la mejor del mundo" tras dos años de trabajo, de 14 servicios y de "desmenuzar artículo a artículo". El mapa del ruido apurará el plazo hasta julio de 2007. El borrador de la nueva ordenanza mantiene las ZAS a las que el Ayuntamiento se resiste, con un retoque que aumenta en una semana las mediciones por encima de los límites.

"El ruido no es patrimonio del ocio, el 80% se debe al tráfico", defienden los hosteleros, embarcados en una intensa campaña contra la nueva ZAS de Woody -para indignación de muchos damnificados por el ruido en Valencia-. Los hosteleros admiten que la concentración de bares genera la "congestión" del bullicio callejero, y que es necesario un "esponjamiento" urbano del ocio. Aceptan una "reconversión del sector, pero no que pase por el acoso" a una actividad que aporta en la Comunidad Valenciana el grueso del beneficio turístico. "Las ZAS no son la solución", sólo desplazan la marcha hacia barrios sin restricción de horarios. Los hosteleros contraponen sus campañas de concienciación, mediadores sociales y un plan integral de ordenación del ocio presentado al Ayuntamiento ya en 2002 con un coste de 760.000 euros. Hosteleros, vecinos y Ayuntamiento no han dejado de reunirse, pero las soluciones parecen alejarse cada vez más.

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