La crisis no evita que el ladrillo invada zonas vírgenes de La Marina
El sector inmobiliario busca zonas exclusivas para el mercado europeo
Después de casi dos años de recesión y con los índices de ventas en caída libre, los restos del naufragio del sector de la construcción se agarran a una tabla de salvación: la urbanización de zonas exclusivas en la costa donde construir viviendas de lujo que ofrecer a clientes de alto poder adquisitivo, en buena parte de origen europeo, no afectados por la crisis. De hecho, ayuntamientos de La Marina Alta gobernados en su mayoría por el PP han previsto, a través de planeamientos globales o de proyectos concretos, la urbanización de las últimas zonas vírgenes de sus respectivos litorales.
"La única alternativa que nos queda es la de construir para clientes extranjeros chalés de lujo en un entorno paisajístico lo más paradisíaco posible", señalan fuentes del sector inmobiliario de la comarca, quienes descartan el modelo de abigarradas urbanizaciones de adosados que había imperado hasta ahora y que ha sufrido un bajón de un 70%.
"La alternativa son lujosos chalés en zonas paisajísticas paradisíacas"
La oferta de las abigarradas urbanizaciones ha caído un 70%
El Colegio de Arquitectos de Alicante avala la tendencia urbanística hacia la exclusividad, que se ha ido acentuando desde el último trimestre de 2008. Así, en toda la provincia, la media de viviendas por promociones ha descendido de 6 a 3 y muchas de estas últimas ni siquiera son para colocarlas en el mercado sino como "autoconsumo familiar".
Los ecologistas y la oposición alertan de los graves costes medioambientales de esta política: ya antes de la crisis, el mercado inmobiliario se había resentido precisamente porque los potenciales clientes europeos huían de la masificación urbanística propiciada por los tiempos dorados de la piqueta.
Calp y Benissa ya se aprestan a urbanizar los últimos parajes sin hormigón que quedaban en sus respectivas costas. El gobierno local de la primera de esas poblaciones, regido por Bloc y PP, aprobó esta misma semana un plan para construir 139 inmuebles de lujo distribuidos en siete bloques de cuatro plantas que se construirán por una empresa de Sevilla en la cala de la Manzanera, donde aún sobrevivía una pinada. El PSPV advierte del gran impacto visual que comportarán estas edificaciones sobre el acantilado de Calp y el perjuicio que supondrá para el resto de propietarios de la zona. Por su parte, el ejecutivo local recuerda que el proyecto se ajusta a la legalidad y que el plan viene de principios de los noventa, cuando aún gobernaban los socialistas.
También era virgen el paraje de la Llobella de Benissa, sobre el que, sin embargo, pesa otro proyecto para urbanizar 273.000 metros cuadrados y alzar 172 viviendas dispersas, así como zonas hoteleras y comerciales impulsadas por el ejecutivo de PP y PSI. Los socialistas alertan de que el plan "comete los mismos errores de la sierra de Bèrnia en Altea o el monte de Gata, con una mezcla desordenada de adosados, chalés, zonas comerciales y zonas verdes con un fuerte impacto estético y lumínico". El alcalde, el popular Juan Bautista Roselló, ha dicho que vigilará el plan con "lupa".
En Dénia, el nuevo Plan General que diseñan PP e independientes contempla la urbanización, en el litoral norte, de casi 400.000 metros cuadrados en el humedal de Racons, en el entorno de un área incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat que el anterior gobierno de PSPV y Bloc quería preservar frente al propio criterio de la Consejería de Territorio, que es el que ahora ha imperado. Ese futuro PGOU también prevé elevar de 800 a 1.352 casas la edificabilidad en la zona Rotes-Montgó, uno de los entornos turísticos más exclusivos de la Comunidad, y abre la puerta a campos de golf y complejos hoteleros en la costa de Les Marines. La edil de Ordenación del Territorio, la centrista Pepa Font, cree que el PGOU "abogará por un nuevo modelo turístico a favor de los hoteles y en detrimento de los apartamentos" y acusa a la izquierda de haber masificado la ciudad con más de 8.000 viviendas en seis años. PSPV y BNV alertan de que tras la moción de censura que les apartó del poder hace un año se escondían precisamente las numerosas inmobiliarias locales que tienen intereses en esas zonas residenciales.
El caso de Xàbia es peculiar. Su alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, ha recurrido el último deslinde de Costas que deja fuera de ordenación más de mil chalés colgados de los acantilados de sus 15 kilómetros al sur del municipio e impide que prosiga sobre ese litoral de escarpados riscos la construcción un tanto desordenada de los últimos años. Los empresarios también se oponen al deslinde, "no tanto porque queramos seguir construyendo allí sino porque las viviendas que ya existen pierden su condición de urbanas y así será imposible venderlas", señalan desde la Asociación de Constructores del municipio. Además, una sentencia judicial permitirá ahora a otra mercantil urbanizar el paisaje de Cansalades-Umbría, donde sus 34 parcelas de lujo tienen un valor de mercado superior a los seis millones de euros.
