Las cuentas siguen oscuras

Año tras año, lo mismo. El interventor del Ayuntamiento de Valencia repite en cada auditoría interna de las cuentas municipales sus reparos como un mantra: se comprometen gastos sin presupuesto; se guardan facturas en los cajones hasta el ejercicio siguiente; no se controla la desviación del coste de las obras; y se adjudica el grueso de la inversión a dedo a las contratas y concesionarias, entre otros malabarismos para que al final de año cuadren las cuentas y la deuda no supere los límites legales.

El 72,4% del gasto de la inversión local se ejecuta sin concurso

Todos los ejercicios afloran facturas de millones de euros fuera de presupuesto

Este año no es diferente. Para empezar, al interventor no le han llegado el 11% de los documentos que había pedido a los distintos servicios. Y esa "falta de remisión, no ha sido justificada". Pero con los datos recibidos sobra para constatar que "al igual que en auditorías anteriores", el gobierno local del PP abusa de "la realización de gastos sin autorización, disposición ni fiscalización previa". Hay facturas de ejercicios anteriores en los que el dispendio no tenía cobertura presupuestaria y se generan otras por nuevos gastos no previstos o excesos de obra de proyectos ya adjudicados. "Es una constante", advierte el interventor en su informe.

Los recibos que se guardan en un cajón y van aflorando a lo largo del ejercicio siguiente llevan el sello del "reparo" de la intervención antes de pasar por el pleno municipal, que aprueba el pago a posteriori con el llamado reconocimiento extrajudicial de crédito, una cuantía que no deja de crecer.

Si en 2002 se admitieron fuera de los plazos previstos, recibos por 18,3 millones de euros; en 2004, se dispararon a 55,4 millones de euros. La cifra bajó en 2006 a 39,3 millones de euros -recuerda la auditoría- pero se encaramó de nuevo a los 54,4 millones en el siguiente ejercicio. Y este año, a la altura de finales de julio, los reconocimientos extrajudiciales ascendían ya a 48,4 millones.

El grueso de esas facturas sin cobertura presupuestaria ni fiscalización previa del interventor está asociada al gasto corriente, lo que revela que de entrada se asigna menos dinero a servicios que el Ayuntamiento sabe que al final costarán más.

Un caso que comenta el interventor todos los años es el de la entidad metropolitana de residuos (Emtre), con la que el Consistorio arrastra deudas de ejercicio en ejercicio. El remedio a este desfase constante será la nueva tasa de basura que cobrará directamente el Emtre. También contribuyen a llenar el cajón de recibos ocultos los servicios centrales técnicos, Transportes, Alumbrado y las certificaciones de los últimos meses de cada año de las contratas municipales, a las que se aplaza el pago para que cuadren los números del presupuesto. Entre las empresas que cobran con retraso están Secopsa, FCC y SAV, con contratos de mantenimiento, recogida de basura y limpieza.

La novedad en la auditoría sobre el ejercicio de 2007 es el análisis de la llamada cuenta 413. Un cambio de la instrucción de contabilidad del Estado ha obligado a crearla para registrar en ella esos pagos que ya sabe el Consistorio que no serán liquidados en el ejercicio que corresponde. El interventor constata que en 2007 los primeros seis meses de este año se han aprobado 60,6 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales por gastos de 2006 y anteriores, pero en la cuenta 413, que debe registrarlos, sólo aparece el 81,1%. Entre los servicios que evitaron registrar sus sobrecostes están el ciclo integral del agua, proyectos urbanos, gestión de residuos, Policía Local, proyectos singulares, jardinería y deportes.

Otro objeción de fondo que figura en todas las auditorías de los últimos años es la práctica habitural del gobierno local del PP de prescindir de muchos concursos públicos y contratar mayoritariamente a dedo. Durante el año pasado, el 72,4% del gasto total de inversiones fue a parar por encargo directo a contratas, concesionarias y a la empresa municipal Aumsa. Así ocurrió en el 62,5% de los casos, frente a un exiguo 4,1% en el que se realizó concurso público. Este vicio de prescindir de la libre concurrencia se extiende a la contratación en general, afirma el interventor.

Tanto en 2005 como en 2006, más del 70% de la inversión quedó en manos de contratas y concesionarias, una constante que se acentuó el año pasado. "Las nuevas licitaciones en sentido estricto", por concurso, subasta, contrato menor o procedimiento negociado "sólo representan un 34,4% de las contrataciones" y alcanzan al 16,9% del gasto. Como siempre, -y "sin cuestionar la conveniencia" de prescindir de los concursos en algunos casos- el interventor pide a los distintos servicios "informes justificativos" de esa decisión, más allá del hecho de que legalmente exista la posibilidad de contratar a dedo con las contratas y concesionarias. También exige que se "refuerce el control" de la ejecución de los proyectos, sus plazos y desviaciones de costes.

El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, reconoce que el porcentaje de inversión sin concurso público "es alto". Senent alega que es legal que las concesionarias de ciertos servicios puedan realizar obras, "y por agilizar" se recurre a ellas. "Y muchas veces es más ventajoso", añade. Es la explicación de todos los años y la réplica a las denuncias socialistas, que rebotan en el equipo de gobierno "como en un frontón", critica el concejal Juan Ferrer, que en el pasado pleno destacó el "esfuerzo inútil de la intervención" en sus quejas a la gestión económica.