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Debate de política general

Un debate con el crédito perdido

Camps, que llega imputado a la cita, se reivindicará como única opción de gobierno - Luna, con un PSPV ocupado en las primarias, pondrá el foco en la mala gestión

Las Cortes Valencianas acogerán mañana un debate de política general como nunca antes se había visto. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio en relación con el caso Gürtel y acorralado por los escándalos de corrupción, intentará demostrar que todavía tiene oxígeno para llegar a las próximas elecciones autonómicas y que su proyecto no acaba en esta legislatura. Para ello, recurrirá a la artillería que mejor le ha funcionado hasta ahora: los agravios del Gobierno socialista, el anticatalanismo y los logros de una gestión que retrotraerá hasta el año 2003.

El portavoz socialista, Ángel Luna, saldrá al hemiciclo con el campo un poco más embarrado de lo que tenía previsto. La imagen de división de las primarias socialistas, la publicidad que el PP ha dado a la etapa en la que trabajó para el constructor Enrique Ortiz -el empresario implicado en los casos Gürtel y Brugal- y la decisión -aún no firme- de presentar al tránsfuga Agustín Navarro como cabeza de lista por Benidorm han debilitado sus posiciones. Aún así, Luna intentará construir un discurso en el que ligará la corrupción del PP a la mala gestión y el deterioro de los servicios públicos y presentará el PSPV como alternativa.

Crisis económica y corrupción serán los ejes del debate en las Cortes
El jefe del Consell se escudará tras los agravios del Gobierno central
La oposición es unánime al criticar la situación judicial y la opacidad del PP
Los hospitales son la cara de la gestión y la educación y la dependencia, la cruz
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Los minoritarios Compromís y Esquerra Unida buscarán diferenciarse de los dos partidos mayoritarios. A continuación se detallan algunas de las claves que estarán presentes en el debate.

- Empleo y crisis económica. Camps ya ha anunciado que estos serán los temas prioritarios de su intervención. El presidente de la Generalitat esgrimirá, previsiblemente, los efectos beneficiosos del plan Confianza -una serie de medidas similares a las adoptadas por el Gobierno con el plan E- y la reducción de la presión fiscal como grandes hitos de su lucha contra la destrucción de ocupación y de fomento de la reactivación económica. Camps, casi con toda seguridad, atribuirá al Gobierno de España la responsabilidad del paro -aunque el PP prometió el pleno empleo en su programa electoral autonómico de 2003- por retrasar la reforma laboral hasta ahora. Una reforma criticada por los populares por insuficiente y de la que Camps evidenciará el malestar que ha generado con la convocatoria de huelga general.

- La situación financiera. Con las arcas de la Generalitat exhaustas, Camps utilizará el debate de política general para arremeter contra el Gobierno central, al que exige un nuevo sistema de financiación que no coloque la Comunidad Valenciana en el furgón de cola de la financiación per cápita y un incremento notable de las transferencias. En este apartado, ni populares ni socialistas tienen muchos argumentos con los que defenderse, aunque estos últimos pondrán el acento en la mala gestión que ha disparado la deuda y ha colocado a distintas empresas públicas de la Generalitat, como RTVV, al borde de la quiebra. Previsiblemente, Compromís reprochará a Camps la pérdida de la valencianidad de Bancaja -fusionada con Caja Madrid- y la CAM -con Cajastur-.

- Infraestructuras. El AVE Madrid-Comunidad Valenciana y la ampliación de las líneas del metro y el tranvía serán los puntos sobre los que pivotará el debate en esta materia. Para el presidente de la Generalitat es necesario contrarrestar el presumible efecto electoral que pueda tener la llegada del AVE a Valencia, prevista para el próximo mes de diciembre. En ese contexto ha decidido poner el acento en el retraso del AVE a las ciudades de Alicante y Castellón y rentabilizar la ampliación del Tram en Alicante y las obras -retrasadas- del metro en Valencia. Los socialistas tienen preparada la comparativa entre las inversiones del Gobierno central y las de la Generalitat para vaciar de contenido el discurso popular. Además, reivindicarán el AVE como un logro del Gobierno socialista.

- Servicios públicos. Los hospitales, con el buque insignia de la nueva Fe de Valencia, son el mascarón de proa de las políticas sociales del Consell. Y tras ellos se escudará Camps, que ha impulsado los centros de gestión privada por todo el territorio. Cuestión distinta es la de la educación, donde las improvisaciones y la mala gestión se han traducido en un recorte de 1.200 profesores y un deterioro de las condiciones del sistema. Pese a ello, Camps esgrimirá el esfuerzo realizado en la apertura de nuevos colegios. En materia de Bienestar Social, el retraso en la aplicación de la ley de Dependencia y la falta de financiación han dejado en situación precaria a un buen número de colectivos, que no tienen expectativas de ver mejorada su situación en un futuro próximo.

- Corrupción y democracia. Es junto con el empleo y la crisis económica, la cuestión que ocupará más tiempo del debate. El grave deterioro institucional provocado por las numerosas imputaciones judiciales relacionadas con la corrupción que arrastran los cargos populares estará presente en todas las intervenciones de la oposición. Los portavoces de la izquierda criticarán, además, la baja calidad democrática de un Parlamento que lejos de mejorar la transparencia de la Administración ha contribuido a su opacidad.

- Valencianismo. Camps busca trasladar la imagen de que es el único que representa los intereses valencianos. Sin embargo, la actual dirección del PSPV se lo ha puesto más complicado. Los socialistas comparten con los populares la exigencia de que se mantenga el trasvase del Tajo-Segura y ambos se oponen a la instalación de un almacén nuclear en Zarra. En esta coyuntura, Camps buscará diferenciarse con su reivindicación del derogado trasvase del Ebro y el anticatalanismo en sus más diversas variantes. La oposición criticará el uso partidista de las señas de identidad y los fiascos del Consell a la hora de defender los intereses valencianos en materia de financiación, defensa de las cajas de ahorro autóctonas, etc. Con este clima de crispación entre los dos grupos mayoritarios, será difícil que PP y PSPV se pongan de acuerdo para pactar, incluso, una resolución conjunta contra la instalación de un almacén nuclear en Zarra.

Un aluvión de sobresaltos desde el debate de 2009

- Financiación irregular del PP: En vísperas del debate de política general de 2009, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuya imputación por supuesto cohecho pasivo impropio por los trajes regalados por Gürtel había archivado el 1 de agosto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se ve sorprendido por un nuevo escándalo. El informe policial que el TSJCV no quiso incluir en el sumario del caso Camps revela que la cúpula del PP montó presuntamente una trama ilegal para financiarse a través de Orange Market y varias constructoras valencianas. El contenido de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel revela el enfrentamiento existente entre el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el vicepresidente, Vicente Rambla.

- Génova ordena destituir a Costa: Tras la decisión de la madrileña Esperanza Aguirre de destituir a sus tres diputados imputados en el caso Gürtel, la dirección nacional del PP ordena destituir a Ricardo Costa, que aparece reiteradamente en las grabaciones intervenidas a Álvaro Pérez, El Bigotes. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, avisa en plena festividad del 9 d'Octubre: "La fiesta se ha acabado".

- Camps desobedece a Rajoy: Camps convoca un Comité Ejecutivo Regional para destituir a Ricardo Costa, por imposición de Génova, como secretario general. La convocatoria se convierte en un sainete y finalmente Camps se ve obligado a destituir a su mano derecha como portavoz parlamentario el 14 de octubre. Formalmente, Costa sigue de secretario general del PP.

- El PP suspende a Costa: La dirección nacional del PP, harta de escuchar a Costa reivindicarse como secretario general, lo suspende de militancia por un año el 29 de octubre.

- Cambios en la cúpula popular: A primeros de noviembre, Camps convoca al Comité Ejecutivo Regional del PP para sustituir a Costa por una dirección más amplia. El proceso evidencia la oposición del presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los zaplanistas. Camps nombra portavoz parlamentario al consejero Rafael Blasco y Costa se coloca en el escaño 98.

- Camps, imputado de nuevo: El mes de mayo se transforma en una nueva pesadilla. El día 6 la Agencia Tributaria presenta un informe pericial al TSJ de Madrid que sostiene que hubo prácticas de financiación ilegal en el PP. El día 12 el Tribunal Supremo, por unanimidad, ordena reabrir la causa por cohecho pasivo impropio en el TSJCV. Camps, que vuelve a estar imputado, declara: "Como Juan sin miedo, nada temo". La sentencia es, además, un varapalo para la sala que archivó el caso, presidida por Juan Luis de la Rúa.

- Plante parlamentario y amago de adelanto electoral: A mediados de mayo, el presidente de la Generalitat se plantea un adelanto electoral, pero Génova se lo prohíbe. Mientras, el PP intenta forzar una reprobación al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna. La oposición realiza un plante parlamentario.

- Pedreira se inhibe en favor del TSJ valenciano: A finales de mayo, el juez que instruye el caso Gürtel en el TSJ de Madrid se inhibe en favor de Valencia al hallar indicios de financiación ilegal del PP que involucran a aforados valencianos. La decisión está pendiente de la resolución de varios recursos.

- Estalla el 'caso Brugal'. El 6 de julio la policía detiene al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario desvela la existencia de una nueva trama de financiación del PP vinculada a la concesión de las contratas de basuras.

- Varapalo a las Cortes. El Tribunal Constitucional ampara a los diputados de Compromís e insta a la mesa de las Cortes Valencianas a tramitar sus peticiones de información sobre el caso Gürtel. La sentencia se da a conocer en agosto.

- La decisión. El PP decide este mismo mes levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa, mientras Camps insiste en que repetirá como candidato pese a su situación judicial. Un nuevo informe policial aporta más pruebas de la financiación ilegal del PP.

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