La defensa de El Cabanyal

La sentencia cuyo fallo hizo público el pasado 13 de marzo el Tribunal Supremo despeja a favor del Ayuntamiento el camino legal del proyecto, tras una década de pleito con los afectados. Sin embargo, esa resolución está lejos de convertir la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez por El Cabanyal en una opción urbanística indiscutible. Parecería superfluo recordarlo si no reinara en Valencia ese clima de descalificación sumaria del discrepante que avivó una vez más la alcaldesa Rita Barberá al arrojar con desparpajo a las tinieblas de la "izquierda radical" a quienes han luchado contra la expropiación y, de rebote, a todos los que no están de acuerdo con su enérgico plan.

Derribar 450 inmuebles, en los que hay más de 1.600 viviendas, para que la vieja aspiración de la "avenida de Valencia al mar" se consume en una rotonda gigantesca junto a la playa, no es ilegal (lo ha dicho el tribunal, aunque todavía no haya hecho públicos sus argumentos), pero ha de poderse discutir con criterios urbanísticos, sociales y patrimoniales si es que no hemos decidido dimitir como sociedad civil. En la Escuela de Arquitectura de Valencia se ha planteado a los estudiantes decenas de veces como ejercicio la sutura de la gran avenida y el viejo tejido urbano del Marítimo. ¿Por qué no puede acabar la avenida de Blasco Ibáñez en una rotonda unos cientos de metros antes de llegar al mar, donde hoy se topa con la delicada trama de El Cabanyal? ¿De verdad es necesario partir el barrio en dos? Parece mentira que, hoy, todavía haya que reivindicar el valor democrático de decir que no.