Antes y después del pacto contra el transfuguismo

La moción de censura de 1991 tiene poco que ver en los detalles con la que vivirá Benidorm el 22 de septiembre. Aunque ambas tienen el mismo fondo, para empezar no existía un Pacto Antitransfuguismo firmado por los partidos que se han robado la alcaldía mutuamente.

La primera diferencia notable es la trayectoria de quienes consiguen la alcaldía. Eduardo Zaplana era un prometedor político que iniciaba su carrera. Sin la proyección que le dio ser alcalde de Benidorm, la presidencia del partido y su candidatura a la Generalitat se hubiera complicado. Por ende, todo lo demás. El futuro alcalde Agustín Navarro, que ya era concejal socialista en 1991, verá culminada su vida política. Ha renunciado al acta de diputado provincial y a su militancia para ser alcalde y, aunque ya no lo tiene tan claro, dijo que no repetiría.

Otra diferencia básica es la actitud de los concejales tránsfugas. Maruja Sánchez tuvo que esconderse antes de la moción y se manejó con dos escoltas después. José Bañuls transita tranquilamente por la calle, sólo se ha tomado este fin de semana libre, y recibe si acaso más felicitaciones que reproches. Tampoco depende del sueldo público, ni él ni su familia.

El paso dado por el PP en 1991 fue jaleado y consentido por la dirección popular, que no tomó ninguna medida contra sus concejales. Todo lo contrario. Pero los socialistas que firmaron la moción el jueves han tenido que darse de baja del PSPV-PSOE antes de que les abrieran un expediente y fueran suspendidos cautelarmente de militancia. No han hecho más que aplazar el problema, porque llegará el día en que tendrán que volver antes de la confección de las listas para las próximas elecciones municipales.

El PP tramó la moción nada más celebrarse los comicios. A los tres meses ya estaban hablando con Sánchez porque fueron a buscarla. Ahora ha sido al revés. El PSPV-PSOE se ha encontrado con una situación inesperada: que abandonara su grupo un concejal popular.

Entre ambas mociones también hay similitudes. En 1991 se justificó, a pesar de firmarse cinco meses después de unas elecciones, en el intento de devolver la credibilidad a la institución, la bancarrota económica, la recuperación del liderazgo turístico o la necesidad de abrir vías de diálogo. El desgobierno o la ingobernabilidad, la falta de liderazgo de Pérez Fenoll y la parálisis son los argumentos de 2009.