Los discapacitados dicen que nadie ha cobrado ayudas a la dependencia

Las asociaciones de discapacitados aseguraron ayer que aún no tenían constancia de que ninguna persona hubiera cobrado las ayudas de la ley de Dependencia. Y si alguien las ha percibido, ellos no tienen ningún dato oficial de la consejería pese a mantener con ella "una buena relación".

El Consell cobra por los ya atendidos pero paga por cada nuevo dependiente

Carlos Laguna, presidente en la Comunidad Valenciana del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina a 4.000 asociaciones y a 3,5 millones de personas, mostró ayer su "preocupación" por la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. "Entendemos que deberían agilizarse los trámites de una ley absolutamente necesaria", aseguró ayer Laguna tras una reunión de las asociaciones que integran el Cermi, que engloba a discapacitados intelectuales, mentales y físicos. Y más que por las personas que ya reciben atención se lamentan por la situación de aquellos que todavía no reciben ninguna: "Nos preocupan muchísimo más las personas con muy pocos recursos económicos".

La decisión del Consell de resolver negativamente por silencio administrativo los expedientes a los seis meses de tramitación sin respuesta también preocupa a Laguna. "Los pudientes pueden recurrir a un abogado", dice, "a quien más perjudica es a quien menos recursos tiene".

Mientras parece ser que nadie ha cobrado todavía, la Generalitat recibirá dinero del Ministerio de Trabajo por cada valenciano que acceda a las ayudas de la conocida como ley de Dependencia y ya estuviera siendo atendido por la Consejería de Bienestar Social. Y aunque se retrase en la tramitación de estos expedientes, cobrará con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la ley. Es decir, dar servicio a los usuarios que ya atiende le saldrá ya en 2007 sustancialmente más barato.

Sin embargo, por cada dependiente que el Consell valore por primera vez y comience a prestarle servicio, deberá cofinanciar con el Estado las nuevas ayudas. Así, mientras no amplíe la cobertura de la ley a un número significativo de usuarios que ahora no la reciben, la Generalitat hará caja con el dinero del Gobierno central.

La consejería tenía previsto dar hoy las cifras de solicitudes recibidas para acogerse a la ley y el número de expedientes ya valorados. Será hoy pues el momento de saber si la aplicación de la ley por parte del Consell beneficia a más valencianos o solo engrosa las arcas de la Generalitat.

Mientras, la expectación de los discapacitados se transforma en escepticismo en la oposición. Antonio Torres, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes para temas de Bienestar Social, denunció ayer que hay una voluntad clara del Consell de "aprovechar la ley para atacar políticamente al Gobierno". Explica que el PP valenciano retrasa intencionadamente todo el proceso para que la ley no se haga visible: "Los usuarios solo la ven cuando reciben el dinero". Eso sí, mientras tanto "el Consell intenta hacer caja" tramitando solicitudes solo de las personas a las que ya atiende.

Pese a la reticencia en aplicar la ley, según la oposición desde la consejería se intenta controlar todo el proceso de tramitación de los expedientes y centralizarlo en Valencia ya que hace falta la firma del subsecretario de la consejería en cada expediente. A diferencia del papeleo para tramitar otros certificados de minusvalía (para cobrar pensiones, para el carné de conducir, para la exención del impuesto de lujo en automóviles, etc.), que realizan los Centros de Valoración territoriales y solo requieren la firma del director territorial, en las ayudas de la ley de Dependencia los expedientes han de viajar desde los Ayuntamientos a las direcciones territoriales, de estas a la Consejería de Bienestar y, tras pasar de nuevo por las direcciones territoriales, por fin a los usuarios.

Además, la consejería solo cuenta para hacer las valoraciones de la ley con los 35 profesionales contratados mediante la nueva la empresa pública Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales). "Se necesitan cuatro veces más como mínimo, y además con unidades provinciales", advierte Torres.