El doble atraco de RTVV
Ahora que la ofensiva contra Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está lanzada resulta evidente lo que era previsible: RTVV no tiene quien la defienda. Desde hace muchos años Canal 9 y Ràdio 9 solo han sido útiles al PP y sus Gobiernos, así que en cuanto estos han sentido las primeras molestias, se acabó. A soltar lastre. Ya no les compensa. Aun así, conviene detenerse en unas cuantas cosas. En las últimas semanas se está focalizando sobre RTVV toda la bancarrota de nuestras instituciones y hasta de nuestras empresas. Lo está haciendo la derecha: su Gobierno de la Generalitat, sus políticos, sus empresarios, sus medios de comunicación. Mienten; lo saben mejor que nadie porque ellos tienen la culpa de casi todo lo que ha pasado. La derecha miente y la izquierda, como siempre, chapotea en barro ajeno porque no da más de sí. Entran a todos los trapos y así les va, nos va.
El descalabro económico de RTVV es indiscutible y la necesidad de tomar medidas también, pero esto no puede ser todo. Aceptado el pésimo estado de las cuentas, lo primero es preguntarse por qué los empresarios, e incluso la siempre complaciente Sindicatura de Comptes, despiertan ahora y hacen sonar las alarmas. Con lo mudo que siempre estuvo el sector empresarial valenciano ante la deriva de RTVV mientras las empresas audiovisuales, e incluso las que no lo eran, se forraban a costa del despilfarro de la radiotelevisión pública. Sorprende observar cómo se rasgan las vestiduras por las pérdidas pero obvian a sus responsables, el primero de todos, el Gobierno de la Generalitat y el PP que durante años han utilizado las emisoras públicas para hacerse propaganda, enriquecer a sus próximos y extender su red clientelar a base de colocar amigos y parientes. Es posible que en RTVV sobre gente pero, en todo caso, sobran aquellos que llegaron a doblar plazas ya cubiertas ofreciendo como única credencial su filiación personal o política. Si ha de caer alguien, que caigan los que han hundido la empresa. No es aceptable que el pirómano haga de bombero.
Con todo, si nuestra clase dirigente fuera un poco más seria y honrada, oposición incluida, antes de emprender esta liquidación por derribo, se hubiera debatido con rigor sobre el sentido y la necesidad de una televisión y una radio autonómicas públicas. No estas que ellos mismos han arrastrado por el fango, sino las que establece la ley, unas emisoras al servicio de la ciudadanía y no de los intereses particulares de unos cuantos. Si Canal 9 y Ràdio 9 son dos medios vergonzosos es por la pésima gestión desarrollada por los mismos que ahora ponen en entredicho su continuidad, o por sus amigos directivos. Que estos medios públicos no sirvan a la sociedad valenciana, no quiere decir que la sociedad valenciana no necesite unos medios públicos. Así que, mientras no se cambien las leyes, mientras no se apruebe la renuncia del pueblo valenciano a tener sus propios medios audiovisuales, el plan de viabilidad más urgente, más incluso que el económico, es ajustar los contenidos a la ley. RTVV debe ser un grupo de medios plurales y no un coto del PP; debe ser un ámbito de debate cívico y no un escaparate de lo malo, lo superficial y lo inútil; que se bajen del escenario freaks, curiosidades variopintas y tonterías y suban a él los referentes ejemplares de nuestra sociedad, que existen por más que estén invisibilizados.
La amenaza de tormenta que se cierne sobre RTVV y la injusticia de que lo peor de lo que se avecina caerá en primera instancia sobre sus trabajadores no permite, de todas formas, pasar por alto la irresponsabilidad de la propia plantilla de las emisoras públicas. Unas plantillas que ha visto con indiferencia cómo se deterioraba el producto que elaboraban hasta provocar, primero, el rechazo y, después, la hostilidad de los ciudadanos. Cuando un producto no vale, quienes lo fabrican están condenados a quedarse sin empleo.
En todo caso, convendría que la sociedad valenciana fuera consciente de lo que se juega. En la era de la globalización, disponer de herramientas propias en el sector de la comunicación es la única forma de no vivir de prestado. La comunicación democrática, el acceso a los medios, el derecho a la información son, como la seguridad, la sanidad o la educación, demasiado importantes para dejarlas en manos del mercado. Que los gestores de RTVV hayan podido ser unos indocumentados y hasta unos delincuentes no es culpa de RTVV y no es ella quien debe pagar, porque la factura recaería sobre toda la sociedad, víctima por partida doble. Que pague quien tenga la culpa y que no vuelvan, ni ellos ni parecidos. Ese es el reto, que lo sepan los empresarios especuladores, los directivos pelotas, los políticos manipuladores, los trabajadores acomodados y los ciudadanos indolentes.
Julià Álvaro es periodista de Canal 9.
