Un dragón en Mercedes

Viaja en un Mercedes 500 plateado y el fuego surge a su espalda tras cada tropiezo con la Justicia. El industrial de La Vega Baja afín al PP Ángel Fenoll, con tres condenas firmes -una de ellas por comprar votos para el PP- ha irrumpido en el proceso de adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela como el ariete del sector zaplanista.

El empresario, natural de Santomera (Murcia), comenzó su actividad a mediados de los ochenta de la mano del ex consejero de Obras Públicas y entonces alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. Éste le adjudicó a dedo la contrata de basuras en la costa. Veinte años después, Fenoll, a través de una decena de sociedades, ha levantado un imperio económico en el sur de Alicante y Murcia. A esta contrata ilegal, suma la de otros 19 municipios de la provincia y dos verteros ilegales, ubicados en las pedanías de Torremendo y La Murada. Su entramado empresarial raya la ilegalidad, hasta el punto de que un juez en una sentencia contraria cuestionó sus métodos y aseveró: "se confiere a sí mismo cierta patente de corso".

"He llevado la grabación donde más daño puede hacerles

Fenoll empezó su andadura empresarial cuando el PP era una piña en torno al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. El industrial mantiene una fe ciega en él, y tras el cisma popular, entre campistas y zaplanistas, se ha alineado con los segundos.

La indeleble huella de la alianza de Fenoll con el zaplanismo es palmaria: sus empresas han empleado a familiares de cargos del PP, entre ellos, Carmen Zaplana Hernández Soro, hermana del actual portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados; es socio de la televisión local Canal 34, afín al PP ; y en la asamblea para la elección del presidente local del PP en Orihuela su mediación fue clave para la victoria de la zaplanista Mónica Lorente, en detrimento del alcalde, José Manuel Medina, cabeza visible de los campistas. Fenoll reclutó dos autobuses de militantes partidarios de Lorente.

El industrial no quiere quedar al margen del suculento negocio de la contrata de basuras y ha terciado en el proceso de adjudicación con la difusión de dos grabaciones que han dado en la línea de flotación ética del alcalde y, por ende, del campismo. El industrial ha planificado su estrategia de principio a final: primero grabando una conversación con el portavoz del Centro Liberal (escisión del PP) en la que éste revelaba un supuesto soborno (tres millones de euros) de una de las firmas aspirantes al concurso, la mercantil Urbaser, a Medina y tres concejales más; y luego con una cuidada elección mediática: "He llevado la grabación donde más daño puede hacerles [a los campistas]".

En sus sucesivos tropiezos con la Justicia el fuego ha estado presente. Un incendio arrasó una oficina donde supuestamente falsificó unas facturas, un segundo acabó con un paraje en La Murada, que posteriormente aprovechó para ampliar un vertedero ilegal, y un tercer incendio arrasó la zona del vertedero, al día siguiente de la la muerte de un operario.