La economía Gürtel
Nuestros empresarios son gente decente. Son hombres y mujeres, familias enteras que han invertido su vida y su esfuerzo en hacer competitivas sus empresas. Algunas de esas empresas hoy se ven salpicadas por un escándalo que en la mayoría de los casos les es ajeno y que enturbia la imagen de un sector que nada tiene que ver con Camps y su visión chapucera y tramposa de la política.
Y es que de entre las abundantes falacias puestas en circulación por el Consell con el baldío objetivo de minimizar el impacto político del escándalo Gürtel, destaca por su perversión aquella que reza así: "Esto no afecta ni importa a la ciudadanía ni a sus bolsillos". Nada más lejos de la realidad.
De todas las consecuencias del escándalo que afecta al Sr. Camps, la menos importante son los cuatro carísimos harapos con los que la trama le obsequió. Gürtel es un síntoma, grave sin duda pero solo un síntoma, de una enfermedad que amenaza seriamente nuestro modelo político y económico: la corrupción institucionalizada.
Acabar con la 'ventanilla' en nuestra Comunidad es acabar con un modelo de hacer las cosas
Gürtel es una trama económica, no en balde será su contabilidad la principal prueba de cargo, organizada a la sombra de la estructura de un partido que es también la del Gobierno de Camps. Su objetivo fue obtener fondos al margen de la ley con los que fabricar la imagen de una comunidad y de un líder que nunca existieron. Su método, la extorsión de nuestro tejido empresarial y productivo al que según el informe policial conocido hoy ya por todos, se les pudo haber condicionado la concesión de contratos públicos a las aportaciones que éstos pudieran realizar a la Caja B de la trama destinada a pagar actos y campañas del Partido Popular.
Nuestras empresas, que deberían haber tenido en la obra pública un aliciente para incrementar su productividad, su eficiencia y su competitividad, se han dado durante años de bruces contra el muro de la arbitrariedad, solo franqueable a través de la portezuela en la que la trama Gürtel instaló el peaje. De resultar todo esto finalmente cierto, los miembros del Gobierno implicados en esta trama socavaron durante todos estos años los fundamentos de la libre competencia, que curiosamente constituyen la piedra angular de su ideología, para lanzar un nítido mensaje al empresariado valenciano: nosotros o la nada.
Existen abundantes ejemplos de esta práctica. Los medios de comunicación, que también son empresas, han denunciado en innumerables ocasiones la utilización de la publicidad institucional como instrumento de presión y chantaje por parte del Gobierno de Camps. Los fondos que la Administración valenciana destina a las diferentes empresas y medios de comunicación nada tienen que ver con criterios objetivos de difusión, tirada o eficiencia publicitaria. No es menos grave el daño producido a las decenas de empresas y profesionales de la comunicación pública valencianas, agencias publicitarias, empresas decentes, que se han visto privadas de su legítimo derecho de concurrir en igualdad de condiciones a los ocho millones de euros en contratos que eran fragmentados y adjudicados a dedo a la trama dirigida por el íntimo amigo del alma de Camps.
Mientras Orange Market cobraba religiosamente y tenía un fluido acceso a instancias de apremio al pago vetadas al resto de los empresarios valencianos -el despacho de Rambla, la Farma o el móvil de Costa- son más de mil los millones de euros que hoy se adeudan a proveedores de la Generalitat. Mientras tanto, los empresarios extorsionados por la trama podrían haber sido obligados a invertir su dinero en operaciones de escasa o nula rentabilidad empresarial como condición sine qua non para asegurar las posteriores adjudicaciones. Esta coacción sistemática quería también trasladar una imagen falsa de nuestros empresarios estableciendo una equivalencia entre el Partido Popular y el empresariado valenciano, como ponía de manifiesto las declaraciones de un empresario en este periódico cuando decía: "Si mañana montan un acto de este tipo, yo no me puedo negar a ir, pero si no me llaman, mejor".
Cada vez son más los que dicen basta. Cada día son más los empresarios y empresarias valencianas que reclaman un Gobierno que apueste sinceramente por un nuevo modelo productivo alejado de la especulación y las torticeras prácticas generadas por Camps. Ángel Luna dijo una vez: "Con nosotros nadie tendrá que pasar por ventanilla". La eliminación de la ventanilla no es solo una cuestión de ética o ideología. Soy de las que piensa que corruptos y gente honorable los hay en todos los ámbitos de nuestra sociedad, también en los partidos políticos. Pero acabar con la ventanilla en nuestra Comunidad es acabar con un modelo de hacer las cosas. Es volver a los fundamentos de una sociedad democrática como paso necesario y previo para salir de la cola y situarnos con fortaleza al frente de las economías de nuestro país. Es un requisito indispensable para construir una comunidad que no se tambalee ante la primera crisis, una comunidad sólida y real, alejada del carísimo celofán -casi dos mil millones de las antiguas pesetas- con el que envolvió Orange Market a Camps y a sus innumerables mentiras.
Cristina Moreno Fernández es portavoz de Economía del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas.
