El edil de Urbanismo tolera un local sin licencia a su cuñado en Benidorm
El concejal cree habitual que oficinas de la ciudad funcionen con orden de cierre
La promotora y constructora del cuñado del concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, funciona sin licencia en unas oficinas que están fuera de ordenación. El Ayuntamiento de Benidorm revocó la licencia que tenía concedida y ordenó el cierre, mediante dos decretos firmados el 8 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, cuando el concejal tenía delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana y Policía. El concejal de Urbanismo justifica la permisividad del Consistorio porque se trata de una ilegalidad habitual en el municipio.
"En Benidorm todos tienen familia, y eso no nos invalida como políticos"
"Es un cerramiento bonito que sigue la estética marcada por Urbanismo"
Las oficinas del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, situadas en la calle de Severo Ochoa, permanecían ayer abiertas a pesar de no tener licencia. El cuñado de González, Jorge Juan García Carpio, era entonces el administrador único del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, una sociedad dedicada a la "explotación y venta de materiales para la decoración; compraventa, explotación, construcción y promoción de inmuebles rústicos, urbanos o urbanizables; y la parcelación, urbanización o permuta de estos por obra terminada" según los datos que figuran en el registro mercantil. Jorge Juan García es pareja de la hermana del edil popular, con quien convive y ha tenido descendencia, si bien no han formalizado matrimonio. En la actualidad Jorge Juan García figura como trabajador de la sociedad y ha cedido la titularidad a su hermano Ángel.
El Consistorio concedió permiso para abrir un local en un espacio de 11 metros cuadrados el 8 de febrero de 2006, tres semanas después de constituirse la sociedad, pero una inspección municipal detectó el 3 de abril que el familiar del concejal había realizado el cerramiento de una zona libre de parcela en retranqueos y ocupaba 180 metros cuadrados, es decir, 16 veces el espacio permitido. El Consistorio incoó un expediente de infracción y otorgó un plazo de 15 días para corregir la infracción con la amenaza de cerrarle el local. El familiar del concejal no lo hizo, y la entonces edil de Aperturas, M.ª Carmen González, firmó por delegación de alcaldía el decreto 4.109 de 21 de agosto de 2006 por el que revocaba la licencia y procedía al cierre del establecimiento. Tres días más tarde, Ángel García, en representación de la sociedad, presentó un recurso de reposición contra la revocación, que fue desestimado el 15 de septiembre de 2006 con los informes técnicos aportados por el arquitecto técnico. El decreto 4.841 firmado por M.ª Carmen González desestima la petición y ratifica la revocación y el cierre dictados el 8 de agosto.
José Ramón González de Zárate reconoce que el establecimiento "funciona sin licencia", y añade: "Como todos en Benidorm. Hay 1.500 locales en esta misma situación". "Se han seguido los tres procedimientos del expediente de infracción urbanística, e incluso han pagado sanción. No como otros", añade. Aunque la normativa obliga a demoler la estructura que está fuera de ordenación y en Benidorm se ha llegado a decretar en varios casos, "nunca se lleva a término", apunta. Tampoco en este caso. El concejal destacó como atenuante que el local que sirve de oficinas de Decotec es "de un familiar de su pareja", no de su cuñado, y que los metros que ocupa de forma ilegal son "de uso y disfrute del local, no de la comunidad de vecinos". También subrayó que a diferencia de muchos de los retranqueos de los que existen en el municipio "es un cerramiento bonito" que sigue las directrices estéticas marcadas por el departamento de Urbanismo. González de Zárate incidió en que este es "un caso más", y apuntó que "todos en Benidorm tienen familiares", y que no por eso "estamos invalidados para trabajar en política".
El concejal de Urbanismo de Benidorm deberá declarar en los próximos días ante el juzgado de instrucción número 5 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación, por ordenar el cierre de un cámping que según el Consistorio no se adapta a la normativa.
