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La enseñanza pública responde a Camps con huelga por su Ciudadanía

Educación dice que el inglés es una decisión política y se recrudecen las protestas

"No hay marcha atrás. Siempre es hacia delante", remató ayer Concha Gómez, la secretaria autonómica de Educación, tras dos horas y media de reunión con los sindicatos para explicarles las nuevas "instrucciones aclaratorias" sobre cómo dar Educación para la Ciudadanía en inglés; pese a que la normativa valenciana está sujeta a un auto de suspensión cautelar parcial del Tribunal Superior de Justicia y cinco recursos de los sindicatos y el Gobierno. "Se podrá renegociar la metodología para impartir la asignatura en inglés", añadió Gómez. "Pero el punto de inflexión sobre el que no cabe discusión es el inglés. Se trata de una decisión de política educativa", concluyó Gómez en una improvisada rueda de prensa en la puerta de la consejería.

Los sindicatos dicen que el disfraz de plurilingüe es una obsesión partidista
Más de un centenar de encierros con padres, alumnos y profesores en 2 días

En definitiva, se trata de una "decisión política" y "al más alto nivel" (es decir del propio presidente Francisco Camps), confesó Gómez a los sindicatos, según explicaron a la salida de la reunión Albert Sansano, del STEPV, e Inma Sánchez, de CC OO.

La respuesta al nuevo envite fue la convocatoria de una huelga general en todo el sector de la enseñanza pública el 17 de diciembre con el "objetivo expreso" de mostrar el rechazo "unánime" de padres, alumnos, profesores y directores a que la Administración valenciana "disfrace de programa plurilingüe" lo que no es más que "una obsesión partidista", denuncian Vicent Mauri, portavoz del STEPV, Miguel Á. Vera, de CC OO, y Gerardo Fernández, de UGT. Los sindicatos mayoritarios consideran que, con esta huida hacia delante, Camps pretende "boicotear" esta materia de ética cívica introducida por el Gobierno central, que el PP ve como una "forma de adoctrinamiento socialista".

La convocatoria de una huelga general de la enseñanza no se recordaba desde hace 10 años, cuando el Gobierno de Aznar emprendió la reforma del sistema educativo y de la Universidad sin consenso de las confederaciones de padres, las asociaciones de alumnos y los rectores.

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Pero los directores -que son parte de la Administración educativa y están sometidos al régimen disciplinario del Estatuto del Empleado Público- nunca se habían sumado abiertamente a la huelga como ahora con la firma de un manifiesto en defensa de la enseñanza pública con las Diez razones para manifestarse.

Miles de padres, maestros y profesores de más de un centenar de institutos públicos (de 363) se han encerrado en los últimos dos días, según el seguimiento de Escola Valenciana, "en protesta por la política educativa de la Generalitat". Los encierros son masivos, desde Valencia a Alicante, Castellón, Torrent, Picanya, Xàbia, Alcoi, Ontinyent, Alzira, Elx, Burjassot, Sueca, Altea, Xirivella, Gandia y suma y sigue en todo el territorio, informa Cristina Medina.

En Elche, donde se ha constituido la Plataforma por la Enseñanza Pública, los institutos hace dos semanas que dan una hora en el patio. Ayer ocho centros y 50 profesores se sumaron a la protesta. Según Vicente Díez, integrante de la plataforma, "el consejero Alejandro Font de Mora ha conseguido algo que no se había visto hasta ahora, la unión de padres, alumnos y profesores, contra las imposiciones del Consell". El consejero Font de Mora fue recibido ayer con pitos y abucheos en Alicante, donde acudió a inaugurar un congreso sobre software libre. Allí, profesores y sindicalistas protestaron contra la imposición del Consell.

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