El expresidente de Emarsa intentó exculpar su gestión con una querella

"Siendo conocedor de ello, es indudable que debió informar a los miembros del consejo de administración de dicha entidad. Jamás informó de nada a los citados miembros del consejo. Obviamente deberá responder del porqué no informaba a los miembros del consejo". El abogado que actúa en representación de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), argumentaba así, el pasado 26 de mayo para intentar convencer al juez Vicente Ríos, que investiga el desfalco de 17 millones de euros en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa), de que imputara al secretario del consejo de administración de la sociedad pública, Blas J. Pérez Blesa, así como a los auditores Lucio Torres y Olga Álvarez.

Crespo pretendió responsabilizar del fraude a los cargos directivos

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia rechazó la pretensión: "Nada de cuanto se expone en el escrito de ampliación de la querella permite concluir, no ya a nivel indiciario, sino a nivel de mera sospecha, que el señor Pérez Blesa tuviera el menor conocimiento de los hechos penalmente relevantes objeto de la investigación". Por ello, consideró que el exsecretario del consejo debe intervenir en el proceso como testigo.

La insistencia del recurso de reforma en que "el señor Pérez Blesa, en su calidad de secretario del consejo de administración de Emarsa sin duda alguna ha tenido conocimiento de cuantos actos se venían produciendo en la entidad, bien directamente por los directores de la misma, bien indirectamente por documentos u otros movimientos". Y el argumento de que jamás informó de ellos a los miembros del consejo pretendía cargar toda la responsabilidad del fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo exclusivamente sobre cargos directivos de la empresa. Con ello quedarían exculpados sus responsables políticos, en primer lugar, el presidente del consejo de administración, Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP, que es precisamente quien ordenó la presentación y posterior ampliación de la querella tras estallar el escándalo.

El abogado que representa a la Emshi, Antonio Prieto Palazón, fue contratado por Crespo cuando en febrero pasado decidió sustituir a los abogados que presentaron inicialmente la querella para presentar la ampliación porque el escrito que habían redactado pedía cárcel para los directivos de Emarsa imputados.

Crespo ya no es ahora presidente de la Emshi ni de Emarsa, que tuvo que ser liquidada como consecuencia del escándalo de pagos por transportes fantasma de lodo, facturas por obras no realizadas, suministros informáticos sospechosamente altos y regalos y gastos diversos poco justificados. Tras las elecciones municipales del 22 de mayo, el PP optó por sustituirle al frente del organismo metropolitano y designó a Arturo Ros, lo que ha sido interpretado como una desautorización de la línea defendida por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien desde el principio descargó a Crespo de cualquier responsabilidad y apuntó al que fuera director gerente de Emarsa, Esteban Cuesta.

Cuesta, hombre vinculado al PP de Valencia, es el principal de los nueve imputados que hasta ahora hay en el caso. Otro de ellos es el que fuera director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, quien en otro recurso ante el juez culpó del agujero en la empresa a los políticos del consejo de administración y, en especial, a su presidente, Enrique Crespo. Además del que fuera gerente y del exdirector financiero están imputados hasta ahora un trabajador de Emarsa y seis empresarios que facturaron a la empresa pública.

En el caso están ya personados los socialistas como acusación popular. Su querella, como destacó el juez en el auto que aceptaba su personación, del 5 de mayo pasado, se centra en Esteban Cuesta y Enrique Arnal, pero "puede interesar que se llame como imputados a personas aún no llamadas como tales a la causa", en referencia a que han facultado a sus abogados a interponer querella también contra Enrique Crespo.