El fallo del Tribunal Supremo frustra las expectativas políticas de Carlos Fabra

"Ha sido un golpe durísimo para Carlos", admite sin tapujos un dirigente del Partido Popular de Castellón próximo al todavía presidente provincial de esta formación política, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que ha revocado el archivo de cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales de los que se le acusa. Para el hasta ahora poderoso mandatario provincial, Carlos Fabra, supone que será juzgado por todos los delitos de los que fue acusado: cohecho, tráfico de influencias y cinco posibles estafas al fisco, con una petición de cárcel de hasta 20 años.

La decisión del Supremo frustra todas las expectativas políticas de Carlos Fabra, que eran muchas, y beneficia al presidente del Consell, Alberto Fabra, y al delfín de este en Castellón: el presidente de la Diputación y adjunto a la presidencia provincial del PP, Javier Moliner. Ambos tienen ahora el camino libre para diseñar su partido y casi nula presión para escoger a sus propios peones y desprenderse de los del aún líder provincial. Ni Alberto Fabra ni Moliner muestran su regocijo en público, pero "tampoco" han ordenado la emisión de comunicados de apoyo "como en otras ocasiones", insiste la misma fuente. El poder omnímodo de Carlos Fabra "ha muerto", sostiene otro cabecilla del PP, quien pronostica que sus acólitos pronto "intentarán buscar acomodo" en el nuevo núcleo de poder.

Con el archivo de cuatro delitos trató de recuperar el poder cedido

Carlos Fabra ha estado hasta exultante durante buena parte del año. Recibió 2011 con el auto de la sección segunda de la Audiencia de Castellón que vaciaba de contenido la causa que se ha seguido contra él durante los últimos siete años. La Audiencia archivó cuatro de los cinco delitos fiscales al considerarlos prescritos, por lo que el juicio se hubiera limitado a supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y un solo delito fiscal.Con el archivo de cuatro de los cinco delitos fiscales, Carlos Fabra sacó pecho y llegó a asegurar que no iban a poder acusarle "de nada". Era consciente de que en muy pocas ocasiones el Supremo revoca una sentencia de otro tribunal tras un recurso de casación (en menos de un 12% de los casos en 2010, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial). Los recursos de casación son extraordinarios y no se admiten por cuestiones formales, sino por incumplimiento de la ley o de la doctrina del Supremo. La revocación, según fuentes jurídicas, implica que la Audiencia de Castellón "ha aplicado mal" la ley.

Con una causa adelgazada (con toda probabilidad, prisión menor y solo una multa en caso de condena), y recuperada la salud después de un trasplante de hígado, empezó a desandar el camino que había trazado meses antes al anunciar que su heredero en la presidencia de la Diputación y en el partido sería Javier Moliner, y que se retiraba de la política activa. Intentó primero repetir como concejal por Castellón en las pasadas elecciones municipales, pero Alberto Fabra, con el respaldo de la dirección nacional del PP, frenó sus pretensiones. En verano reunió a su núcleo duro y le anunció que no descartaba repetir en la presidencia provincial del PP en el congreso que se celebrará en 2012. Unas manifestaciones que ha llegado a pronunciar en público, sobre todo después de los comicios del 20-N.

Fabra pretendía repetir de presidente del PP porque, reconocen fuentes de este partido, conservar el cargo "supone mantener la capacidad de influencia" en las instituciones y organismos que ha controlado hasta la fecha, en el diseño de las listas electorales, y para "actuar de bisagra" y como "poder fáctico" ante la dirección regional del partido y la presidencia de la Generalitat. Un "poder regional" que siempre ha ejercido, recuerda la misma fuente, y que le ha dado "muy buenos resultados". Aunque la representación de Castellón es muy inferior a la de Valencia o Alicante, él siempre ha acudido a los congresos regionales del PP con su delegación muy unida y ha aprovechado la división en Valencia y Alicante para aupar a Eduardo Zaplana o a Francisco Camps con notables contraprestaciones a cambio.

Carlos Fabra también ha presionado a Moliner para mantener en la Diputación a hombres de su confianza como los vicepresidentes Francisco Martínez y Vicent Aparici, y ahora pretendía imponer en la vicepresidencia de la institución provincial a su compañera sentimental, Esther Pallardó. También ha intentado, en ocasiones con éxito, marcar la agenda política al presidente de la Diputación. Además, aspiraba a convertirse a partir del verano próximo en el nuevo presidente del puerto de Castellón, en sustitución de Juan José Monzonís, emulando al expresidente provincial alicantino José Joaquín Ripoll.

Pero la sentencia del Supremo, conocida el pasado 1 de diciembre, lo cambia todo. Carlos Fabra se sentará en pocos meses en el banquillo con una petición de condena de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El imputado no ha discutido el fondo del caso en los recursos presentados para que fueran archivados sus supuestos delitos fiscales, sino que se apoyó en su prescripción, que ahora ha derogado el Supremo. Es decir, no cuestionó que hubiera defraudado a Hacienda, sino que había pasado el tiempo legalmente establecido para poder ser juzgado por ello. Una situación, dicen en el PP, que lo deja "sin posibilidad moral" de continuar "ni para reclamar" cuotas de poder.

La dirección regional del PP no va a tomar decisiones a corto plazo, apuntan desde este partido, pero da por finiquitado el periodo de poder de Carlos Fabra, que se prolonga desde hace 16 años. Las mismas fuentes sostienen que llegará como presidente hasta el congreso provincial, en el que Alberto Fabra pretende ejecutar un "cambio tranquilo" con los puestos clave para personas de su confianza y la presidencia para Javier Moliner.