Los fallos contra la gestión del PP lastran a La Vila
El nuevo gobierno cuatripartito habla de "quiebra técnica"
La justicia ha dado la razón al PSPV e Iniciativa Independiente en los recursos que presentaron contra la venta de patrimonio municipal del suelo en La Vila Joiosa. El anterior alcalde del PP, José Miguel Llorca, financió obras mediante la venta y permuta de parcelas de titularidad municipal que la ley prevé para la construcción de viviendas protegidas. Las resoluciones han supuesto un duro golpe a las arcas municipales, justo cuando los recurrentes gobiernan en un cuatripartito de izquierdas.
La auditoría detecta falta de rigor en la gestión y tendencia al despilfarro
Una auditoría externa de gestión reveló un déficit del remanente de tesorería de más de 23 millones de euros, a los que hay que sumar las deudas por otros conceptos de 26 millones que el informe califica como "saldos de dudoso cobro" y "reparos de intervención". A estas cantidades se suman los terrenos para VPO con los que el Consistorio pagó a los contratistas de obras, y que suman 21 millones. El concejal de Hacienda, José Carlos Gil, de Esquerra Unida, cifra en 40 millones la deuda existente.
El PP aprobó por mayoría absoluta la venta de patrimonio municipal del suelo correspondiente a 38.641,75 metros cuadrados de techo en cuatro decisiones plenarias entre abril de 2005 y junio de 2006. Esas parcelas hubieran alcanzado en el mercado un valor de 34 millones de euros, pero la premura en realizar la venta, antes de la reparcelación del sector, provocó que el precio fuera menor y se fijara en 21,92 millones de euros. Con el dinero obtenido pagó las escaleras mecánicas del centro a la playa, el sobrecoste del auditorio (el precio se disparó un 48%), los nuevos campos de fútbol, la ciudad deportiva, la adquisición del edificio modernista Chalé Centella, y un solar para ampliar el patio de un colegio. El gobierno siguió diferentes fórmulas para poder desarrollar estos proyectos: permuta en los planes parciales 11 y 34 y subasta pública en los proyectos 18, 32, 33 y 35. Durante todo el proceso los tres grupos que entonces estaban en la oposición (PSPV, Iniciativa Independiente y Bloc) rechazaron la fórmula y advirtieron al entonces alcalde, José Miguel Llorca, de que cometía una ilegalidad.
El concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, recurrió el primer acuerdo y lo ganó; la edil socialista Fanny Serrano ganó otros dos, y la subdelegación del Gobierno un cuarto pleito. La Justicia les ha dado la razón en varias sentencias. En la primera de ellas incluso ha condenado a costas al Consistorio, por lo que el equipo de gobierno ha decidido no apelar las otras tres y acatarlas.
El concejal de Hacienda, José Carlos Gil, de Esquerra Unida, define la situación de "quiebra técnica" y "caos total", tras los ocho años de gestión del PP. La Justicia considera que el Consistorio no puede mezclar los recursos del patrimonio municipal del suelo con el resto. Ahora, la situación de esas parcelas es irreversible, y el Ayuntamiento debe obtener esas cantidades económicas y destinarlas a patrimonio municipal del suelo. Según explicó Gil, el Consistorio ha pedido a los jueces la declaración de imposibilidad de ejecución de la sentencia, al haber perdido la propiedad de las parcelas correspondientes al aprovechamiento municipal de esos cinco planes parciales (tan solo el Chalé Centella podría devolverse a sus antiguos propietarios) y negociar con los bancos un pago aplazado. "Durante los próximos 40 años debemos salvar la deuda a la que no podemos hacer frente", explicó.
En las conclusiones de la auditoria, el consultor alerta de la posibilidad de que el municipio se sume en un "colapso" ante la deuda acumulada, y recomendaba medidas como la reducción de la plantilla y subvenciones. Tras analizar la gestión de los años 2003 a 2007 el informe concluye en que "se ha evidenciado la falta de rigor en la gestión y administración, y una tendencia al despilfarro de los recursos municipales".
