El fiscal ve cohecho en la compra del piso del alcalde de La Nucia
El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha incoado un expediente gubernativo para esclarecer operaciones inmobiliarias y actuaciones urbanísticas del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP. Cabedo considera que los hechos denunciados por la asociación de vecinos de esta localidad pueden ser constitutivos de delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Esta asociación puso en conocimiento de la fiscalía que Cano había comprado dos viviendas en Altea -una de ellas un ático dúplex de 247 metros- por 823.000 euros sin justificar el origen de 215.302 euros entregados al promotor, que además tenía intereses urbanísticos en la localidad. En el mismo edificio también compró otra vivienda la madre de Cano por importe de 303.502 euros, de los que no fueron justificados otros 87.396.
En este edificio, frente al Club Náutico de Altea, tienen en propiedad cinco pisos más Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos desempeñan cargos de administración en las sociedades que actúan como agente urbanizador de los PAI de la Serreta y Pie de Monte, donde la trama corrupta del caso Gürtel intentó hacer negocio comprando un tercio de la mercantil urbanizadora. En la Serreta está prevista la construcción de 3.884 viviendas, mientras que Pie de Monte libera 400.000 metros cuadrados de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Intereses urbanísticos
Las viviendas fueron compradas entre marzo de 2004 y finales de 2005, aunque no fueron escrituradas hasta el año pasado por los problemas legales del bloque de apartamentos con el Ayuntamiento de Altea. La promotora a la que Cano y su madre compraron las casas en Altea es la sociedad Rotja 2000 Promociones, SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna, ambos con fuertes intereses urbanísticos en el municipio.
Los vecinos también denunciaron a fiscalía otras posibles irregularidades de la gestión de Bernabé Cano, entre ellas, la licencia para una gasolinera en suelo no apto urbanísticamente para proyectos industriales y la construcción de un edificio particular en suelo municipal de La Nucia. Cabedo ha remitido el expediente al fiscal jefe de Alicante para que continúe con el procedimiento.
