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Columna
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Una forma de gobernar

A lo largo de los últimos días, hemos conocido los pormenores del llamado caso Gürtel. Desde que el juez instructor levantara el secreto del sumario, la prensa ha reproducido con detalle partes del mismo, especialmente las conversaciones mantenidas entre algunos de los implicados. Tal como se esperaba, el conjunto no ofrece grandes novedades respecto a lo que los mismos periódicos habían publicado con anterioridad. Pero si puede decirse que el caso no ha variado en lo sustancial, los rasgos que ahora conocemos le confieren una nueva e inquietante perspectiva. El hecho es particularmente relevante por lo que respecta a la Comunidad Valenciana.

En la Comunidad Valenciana, Gürtel revela sin equivoco la existencia de una fabulosa maquinaria destinada a vaciar las arcas de la Generalidad. Que el fraude se hiciera en beneficio de unos particulares o de un determinado partido político está por ver y no afecta al fondo del suceso. Afirmar que el asunto no atañe al Partido Popular de la Comunidad porque ninguno de sus miembros se encuentra imputado es una falacia que carece de consistencia. Es evidente que sin la colaboración de diversos miembros del Gobierno de Francisco Camps, la empresa Orange Market no hubiera podido realizar unos negocios tan extraordinarios con la Administración. Si, como se repite una y otra vez, todos los contratos se realizaron conforme a las leyes, habrá que convenir que estas necesitan una reforma urgente. Porque está claro que el negocio de Orange Market consistía en cobrar dos -y, en ocasiones, cuatro- por lo que valía uno, en el mejor de los casos.

Pese a lo conocido sobre el caso Gürtel, no parece que haya calado en la sociedad valenciana la idea de que a los ciudadanos nos han robado, con el concurso de nuestros gobernantes. Por diversas razones, la oposición no ha logrado que estas conductas se perciban con claridad. Por el contrario, el silencio y las maniobras de distracción del Partido Popular parecen haber obtenido mejores resultados. Hay indicios recientes, sin embargo, de que las cosas comienzan a cambiar. Es probable que el cambio se hubiera producido antes con una estrategia que no redujera la denuncia al ámbito de las Cortes, como ha sucedido.

Es en las actitudes de ciertos miembros del Gobierno valenciano y de sus familiares donde el asunto Gürtel cobra una perspectiva más inquietante. A través de las páginas del sumario, vemos como unos comportamientos que deberían haber provocado la prevención y el rechazo, se aceptan con complacencia y naturalidad. Una consejera de Turismo que acaba de beneficiar a una empresa con un contrato de miles de euros, acepta a continuación un valioso regalo de esa misma empresa. Pero es en las conversaciones de la familia Camps con Álvaro Pérez donde mejor se manifiesta el clima moral que se había instalado en el gobierno de la Generalidad.

Se ha dicho que Gürtel supone, en la Comunidad Valenciana, el fin de una época unida al dinero fácil y a la especulación. Veremos lo que dicen las elecciones llegado el momento. En cualquier caso, lo que ha hecho Gürtel es poner el colofón a una cierta forma de gobernar. Bajo el éxito de la economía, se ha impuesto la manipulación informativa, la ocultación permanente de documentos públicos, el desprecio por el Parlamento y la alianza permanente con la Iglesia Católica. Y -conviene no olvidarlo- esta manera de gobernar ha sido respaldada, una y otra vez, con el voto mayoritario de los valencianos.

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