El fragor político enreda la polémica de los chiringuitos

Las administraciones gobernadas por el PP, incluido el Consell, han convertido en casus belli la polémica en torno a los chiringuitos de playa. El portavoz del PP Esteban González Pons, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se reunieron ayer con los propietarios de restaurantes de Pinedo y El Saler y pidieron que negocie con ellos antes de sancionarles. El próximo martes está previsto un encuentro entre el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y los dueños de los establecimientos de La Malva-rosa.

Desde el Gobierno español tratan de explicar en medio del fragor político que la lucha partidista ha azuzado sin motivo la polémica. La Dirección General de Costas del Ministerio lo que está exigiendo a los restaurantes es que cumplan con la literalidad de su concesión y desalojen el espacio público que han ocupado de más con terrazas cubiertas no prevista en la concesión. Si la concesión es de 150 metros, algunos ocupan casi el doble.

Los hosteleros de la Malva-rosa y una decena de locales de Pinedo y El Saler se quejan de que Costas permitió en 2002 esos cerramientos y que la supresión ahora de una superficie que en muchos casos dobla la concesión supondrá un grave quebranto económico y de empleo. Ayer, Costas acordó con los propietarios de la Playa de San Juan reubicar cinco de los siete chiringuitos para cumplir con la ley. Los chiringuitos deberán ocupar 150 metros cuadrados (100 de ellos cerrados) y estar separados 200 metros.