La gestión cultural que debemos exigir
Es costumbre, en los círculos críticos del ámbito cultural valenciano escuchar comentarios sombríos sobre la gestión cultural en España y muy concretamente en la Comunidad Valenciana. Una de las primeras objeciones, identificadas por unanimidad en estos entornos, señala la dificultad financiera y teórica de poner en marcha, con absoluta independencia, proyectos originados en el seno de la sociedad civil. Prácticamente la totalidad de estas iniciativas culturales se ven obligadas a mantener una alianza con los órganos de poder gubernamental destinados a estas tareas. En esa coalición la actividad planteada suele devaluarse debido a los ajustes que recibe por parte de la Administración, que pondera criterios ideológicos frente a creativos. Aún más, en la mayoría de las ocasiones, las instituciones públicas imponen la integración de cargos públicos en estos proyectos para legitimar así su gestión política.
La alternativa más eficaz para evitar esta fricción entre sociedad y Gobierno se encuentra en las entidades que, sin ánimo de lucro, organizan programas sociales para apoyar iniciativas culturales independientes. Sin embargo, lamentablemente, los tentáculos del Gobierno también se dejan sentir entre sus filas. Un buen número de agencias, fundaciones, asociaciones y otros organismos similares están creados al pairo de la defensa de los intereses del poder oficial. Por tanto, este otro escenario que podría dignificar y aceptar la autonomía del hecho cultural, valorándolo en sí mismo, tampoco es el más idóneo ya que, de igual forma, busca reforzar el statu quo del stablishment. Esta politización de las instituciones públicas, además de generar redes clientelares que terminan enquistándose, frena la buena marcha de muchos actores culturales valencianos que se ven obligados a salir de su territorio para hacerse oír, dejando un importante vacío cultural en la tercera capital española.
Antes de esa huida hacia delante, queda un último recurso. Acudir al parque empresarial valenciano para encontrar protección y amparo en su solidez económica. En este nuevo escenario, los gestores culturales se muestran escépticos tanto como en los otros dos descritos anteriormente. Esto es debido a que, en muchos casos, el vínculo de los empresarios con el poder político es tan próximo que sólo intervienen a partir de las sugerencias de este último. Por el contrario, los empresarios que se mantienen alejados de esta connivencia demuestran, al igual que los primeros, poco interés en abanderar asuntos culturales. La clave de este comportamiento se resuelve al conocer que estas contraprestaciones no están sujetas a exenciones fiscales y, por otra parte, que esta burguesía empresarial cuenta con escasa tradición cultural.
Ante esta situación tan adversa caben pocas posibilidades. Entre ellas está la opción de ausentarse, la de aceptar sumisos esta realidad, o la de enfrentarse a ella y combatirla en los diferentes frentes defendiendo la autoría y la independencia cultural mediante un diálogo tenaz. Esta última opción no es sencilla porque, desgraciadamente, los interlocutores públicos designados para gestionar la cultura, salvo pocas excepciones, son profesionales sin vocación, con una cualificación y un rendimiento muy por debajo de lo exigido. Toman decisiones en base a la lealtad política (ocupan puestos de trabajo por nepotismo u oportunismo y no por meritocracia) en lugar de calibrar objetivamente el interés social que se desprende de los proyectos que analizan. Sin duda, este tipo de actuaciones encierran una censura encubierta y dulcificada que es preciso denunciar y hacer pública. Esta parcialidad política es otro de los cerrojos que impiden que la puerta de la cultura en este territorio se abra de par en par.
Para cumplir objetivos responsables en la esfera cultural valenciana habría que aplicar alguna receta urgente que a buen seguro traería muchos parabienes al dirigente que, con honestidad y arrojo, la llevase a cabo. Esa reforma pasa por crear unos organismos independientes que se vinculen al concepto de city-manager que permite a expertos profesionales formar parte en la toma de decisiones políticas, en este caso culturales, y lo que es más importante, sus cargos no son coincidentes con los tiempos electorales. De este modo, sería conveniente la formación de un Council of Arts (Consejo de las Artes) que tan buenos resultados ha dado en el Reino Unido, debido a la neutralidad y al savoir faire de sus componentes. En definitiva, este modelo representativo del pueblo trata de dejar la cultura en manos de quienes tienen autoritas y no tienen que hacer proselitismo de la doctrina de ningún partido político. De este modo, la cultura crece por su propio valor y no por su conveniencia política.
Norberto Ibáñez es vocal del centro Unesco-Valencia.
