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Columna
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Más honestos que honrados

La belicosa cohorte que le defiende insiste en la honestidad del presidente Francisco Camps cuando resulta evidente que nadie está cuestionando ni por asomo su estricta moralidad en todo lo que le concierne de cintura para abajo, pues justamente se le reputa un casto varón. Es más, en este país, tal género de supuestas flaquezas nunca han sido un freno para el triunfo social o político, pues no en balde prima la epicúrea e indulgente convicción de que Deu se'n riu dels pecats del piu. En modo alguno impidieron éstos, como se recordará, la apoteosis de un titular de la Generalitat que hilvanó su leyenda de seductor entre chismes, fantasías y hoscas envidias de no pocos, pero sin reproches.

Lo que en este caso se cuestiona, como decimos, no es la honestidad, sino la honra, la honorabilidad, que es otro cantar, incomparablemente más grave, por mucho que el think tank presidencial, esos cerebritos que diseñan estrategias para diluir la galerna acusatoria que se abate sobre sus jefes, nos maquillen los hechos conocidos -trajes para unos, prebendas para otros- como naderías e incluso argucias urdidas en las alcantarillas del Estado y propaladas por perversos medios de comunicación para demoler el prestigio de la Comunidad, así, sin matices, como si todos los valencianos tuviésemos que sentirnos involucrados o concernidos por lo que han sido conductas irregulares con apabullantes visos delictivos imputables a individuos públicos concretos y tramas corruptas o corruptoras suficientemente desenmascaradas.

Es obvio que el PP está apostando fuerte -¡qué remedio!- con la esperanza de que su líder y el mariachi que le acompaña en este infausto trance salgan indemnes del episodio judicial en el que andan inmersos. Es una esperanza más trufada de necesidad que de fundamentos, pues, acaben los imputados sentándose o no en el banquillo, a nadie que no esté ofuscado por el fanatismo partidario se le oculta que todo este divulgado cúmulo de torpezas personales y favoritismos desvergonzados de la Administración autonómica ha liquidado el crédito político de sus máximos responsables, empezando por el jefe del ejecutivo, convertido definitivamente en rehén de la oposición y recurso fácil para todos los humoristas de España.

No solo claman los populares por la justicia de los tribunales, sino que además invocan el poder exculpatorio de los votos en las próximas elecciones europeas, cuya victoria con creces ha sido ya anticipada por su más eminente gurú, el consejero Rafael Blasco, tan aguerrido en la defensa -nunca mejor dicho que a ultranza- del líder. Un raro espaldarazo de las urnas que nada tiene que ver con una resolución judicial y, en cambio, tal como se aduce, más bien nos parece un ejercicio de coprofagia, pues es sabido que por muchas moscas que la coman con gusto eso no cambia la naturaleza de la mierda, dicho sea con la debida licencia.

De remitirnos a este peculiar aval sobrarían estas diligencias y las que, por ejemplo, se siguen -o tal creemos- por los varios y presuntos delitos de Carlos Fabra, en Castellón. Allí también gana este político por goleada todos los comicios, sin que ello le garantice la impunidad, aunque tal como andan las cosas por aquellos juzgados igual va a ser que sí, que la tiene garantizada y que la mayoría de los votantes padece esa deficiencia democrática a la par que escatológica.

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