Una huerta de hormigón

En otoño de 2006 afloró en una de sus expresiones más escandalosa la construcción ilegal en suelo rústico no urbanizable: Catral (La Vega Baja). En su huerta, 1.272 casas levantadas en connivencia con el Ayuntamiento, entonces gobernado por el socialista José Manuel Rodríguez Leal, y la pasividad del Consell. La Generalitat, cuando el caso ya estaba en los juzgados, anunció que intervenía el Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) del municipio para poner coto a la "masiva construcción ilegal de casas en suelo rústico", en palabras del entonces consejero del ramo, Esteban González Pons. En junio de 2009, el Consell devolvió las competencias al Ayuntamiento, ahora en manos del PP. A cambio el Consistorio se comprometió a redactar un plan, aún inconcluso, para regularizar las ilegales edificaciones. "Nuestro objetivo es regularizar todo lo que se pueda. Los derribos son la última opción, porque está claro que los compradores actuaron de buena fe y fueron estafados", explica Antonio Bellido, concejal de Urbanismo. El edil destaca la complejidad del reto, primero por las dificultades para dotar de los servicios mínimos, utópicos para una treintena, construidas en una zona protegida.