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Debate de política general

Los impagos disparan la crítica de los patronos

Francisco Camps tendrá que sortear un frente imprevisto durante el debate de política general. El PP ha contado con el respaldo de la clase empresarial valenciana desde que Eduardo Zaplana y Vicente González Lizondo cerraron un acuerdo de gobierno en junio de 1995 en el despacho profesional de Federico Félix, entonces presidente de la poderosa Asociación Valenciana de Empresarios. Pero las tornas han cambiado. Y mucho. Los impagos del Consell han disparado las críticas a la gestión económica de la Generalitat desde los más diversos sectores.

Fecoval, la federación de contratistas, denunció la primera semana de septiembre que las obras adjudicadas por la Consejería de Infraestructuras a través de concurso se cobran con un retraso mínimo de 190 días. Pero detalló cómo las empresas públicas llegan a retrasar sus pagos hasta dos años cuando las obras se adjudican a través de otras fórmulas. Los responsables de Fecoval llevan "más de un año" intentando llegar a un acuerdo con la Consejería de Hacienda sobre fórmulas de pago de la deuda acumulada, que evitan cifrar. Fecoval representa apenas a una treintena de constructores.

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El fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado una dimensión estremecedora a raíz de la caída de ingresos de la Generalitat como resultado de la crisis económica. Fenin, la patronal de proveedores de servicios sanitarios, logró que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) creara una comisión específica para abordar los impagos del Consell a finales de 2004. La comisión se constituyó y mantuvo varias reuniones con representantes de Sanidad y Hacienda a lo largo de un año.

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Un responsable de Fenin explicó esta semana que la Generalitat arrastra un retraso medio en los pagos a proveedores sanitarios de 400 días, "más de un año". La misma fuente aseguró que la Generalitat acumula una cuota del 16% sobre el total de impagos que reclaman sus asociados a las administraciones públicas en toda España.

El último informe de coyuntura publicado por la CEV hace dos semanas exigía a la Administración autonómica una política de gasto más racional. La patronal provincial de Valencia recordaba que los empresarios llevan tres años ajustando sus gastos al milímetro mientras que la Generalitat actúa como si no le afectara la crisis económica. La CEV calificó como "inasumibles" las pérdidas de Canal 9 y reclamó la introducción del copago sanitario.

El último documento de trabajo de AVE, difundido esta semana, también exige recortes de gasto a la Generalitat, apuesta por la integración de los servicios sociales y los servicios de salud, y reclama abiertamente el copago de los servicios sanitarios y educativos.

La deuda pública de la Generalitat ha crecido en 2.000 millones de euros en el primer semestre de 2010. Ya suma 16.280 millones de euros, un 16% del PIB regional.

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