Los inspectores rechazan hacer de "comisarios políticos" en las aulas

La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por la Generalitat tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores encargado de "evaluar y controlar" que se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de Secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 profesionales de un total de 123, denunció ayer su rechazo a "asumir funciones de comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea". En un manifiesto difundido subraya la obligación de los inspectores de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad".

El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores tras las "instrucciones" del Servicio Central ordenando a los funcionarios ir a la caza de docentes, equipos directivos o claustros declarados en rebeldía que solo den la clase en valenciano o castellano. Cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura "obligatoria" más y que "la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas".La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los Derechos Humanos y la Constitución.

Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando alguna área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".

Sin embargo, la orden de la Consejería de Educación, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).

La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Ciudadanía, entre docentes e inspectores, para tratar de que se dé en inglés en las 2.120 aulas de 2º curso de Secundaria que han estrenado esta asignatura, ha dejado de lado el esfuerzo administrativo y de profesionales que debiera de haberse destinado a implantar el inglés en las etapas de Infantil y Primaria. Los dos niveles, donde la LOE obliga a generalizar el inglés este año.

Así lo entiende Adide al recordar a la consejería que "es en esta línea donde se debería disponer prioritariamente de recursos y medios de todo tipo para conseguir un alumnado competente en las tres lenguas del sistema educativo (valenciano y castellano, como lenguas oficiales, y inglés o francés, como las lenguas extranjeras)".

Ni una cosa ni la otra. La presidenta de la asociación valenciana, Tudi Torró, denuncia que "25 años después del Estatuto valenciano y la Llei d'Ús i Ensenyament, los profesores siguen llegando a los centros sin la formación para poder impartir clases de línea en valenciano, ni tampoco se catalogan las plazas docentes para lograr un nivel adecuado de capacitación".