Por el interés general de El Cabanyal
Las asociaciones de vecinos Cabanyal-Canyamelar y Pavimar, junto a la plataforma Salvem El Cabanyal llevamos más de diez años tratando de defender lo que para nosotros representa la mejor solución para conseguir la regeneración y revitalización de nuestro barrio: la rehabilitación sin destrucción. Lo hemos hecho siempre desde la legalidad vigente y utilizando los argumentos y el debate público. Desde el respeto a aquellos vecinos, afectados o no por las posibles expropiaciones, que pudieran tener una opinión distinta a la nuestra. Incluso con aquellos que por circunstancias se han visto tentados u obligados a vender sus propiedades a la empresa Cabanyal 2010. Y decimos sus propiedades, porque son muy pocos los que han vendido su casa. Nadie podrá acusarnos, sin caer en la mentira, de lo contrario. Rechazamos, por tanto, los calificativos de violentos con los que se nos ha querido etiquetar. La que sí resulta violenta es la agresividad verbal con la que se nos acusa de falsedades.
Nada se ha hecho para reactivar el pequeño comercio o aprovechar la cercanía de la universidad
Hemos acudido a todos aquellos foros a los que se nos ha invitado a exponer nuestras posiciones. Hemos solicitado muchas veces el diálogo con la Administración, sin resultado. Lo hemos hecho cuando hemos ganado y cuando hemos perdido sentencias. A lo largo de todo este proceso hemos ido incorporando opiniones procedentes de diversos sectores profesionales e instituciones, que han hecho que nuestro discurso se haya fortalecido, convirtiéndose cada vez más sólido y reflexivo. Siempre hemos procurado que nuestras acciones judiciales, supusieran la mínima e imprescindible paralización de las actuaciones municipales, tratando de no dar argumentos a quienes sin motivo nos acusan de pretender impedir la regeneración de El Cabanyal.
Estamos convencidos de que compartimos con todos nuestros vecinos una misma preocupación, que desaparezca la degradación de nuestras calles y que se creen las condiciones que permitan afrontar el futuro de nuestro barrio. Sabemos que algunos vecinos han pensado que sólo con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y con el sacrificio que supondría para muchas familias, que serían expulsadas de sus casas, pagándoles por sus propiedades la tercera parte de su valor, desaparecerían nuestros problemas y se podría alcanzar ese objetivo compartido. Piensan que eliminada físicamente la parte del barrio donde se ha agudizado la degradación, desaparecerían el resto de problemas de todo El Cabanyal-Canyamelar. Siempre hemos defendido que bastaría con que la voluntad política de nuestras autoridades se pusiera al servicio de aprovechar el potencial que atesora nuestro barrio, la calidad de su trama urbana, su abigarrada vida social y su proximidad al mar, al puerto y a la universidad, para poder afrontar las transformaciones necesarias y constituirse en una zona residencial litoral equilibrada y con calidad de vida para sus habitantes.
Largos y complejos han sido los procesos judiciales emprendidos y cierto es que eso no ha beneficiado la recuperación de nuestro barrio, sino más bien al contrario. En la zona afectada por la prolongación, la acción desarrollada por el Ayuntamiento se ha visto dirigida a intentar conseguir sus objetivos, ignorando el daño que se ocasionaba a aquellos vecinos que no accedían a vender sus casas y se acogían a su derecho a resistir. Unos vecinos que han visto cómo sus casas se rodeaban de solares sin vallar, casas deshabitadas y sin suministros de agua y electricidad tras su compra por Cabanyal 2010, pero que pasaban a ser ocupadas ilegalmente por grupos marginales, cuando no simplemente delincuentes, o llegando a contar incluso con unos ilegales contratos de alquiler. Y todo ello ante la mirada hostil de otros vecinos que los acusaban de ser responsables de la paralización de los planes municipales y por tanto de impedir la llegada de la solución prometida por el Ayuntamiento. Unos vecinos resistentes que han llegado a ser acusados de egoístas por no estar dispuestos a facilitar su sacrificio voluntario, en aras del "interés general" que se le supone a la acción municipal.
Pero si es cierto que esta posición ha tenido y tiene sus defensores entre los vecinos, no es menos cierto el escaso empeño, por no decir ninguno, que ha puesto nuestro Ayuntamiento en crear las condiciones para poner en marcha la rehabilitación y regeneración del resto del barrio. De los múltiples equipamientos prometidos por el PEPRI, apenas unos pocos se han llevado adelante. Diez años después de aprobado el PEPRI no hay una oficina de rehabilitación que ejerza las funciones positivas que el propio plan le encomendaba. Nada se ha hecho para reactivar el pequeño comercio o aprovechar la cercanía de las universidades y facilitar la llegada de gente joven. Todo eso parece que caerá del cielo con la prolongación, sin reconocer que ninguno de esos beneficios produjo la apertura de la avenida del Oeste sobre Velluters, donde la prostitución se ha mantenido años.
En medio de esta situación, el Ministerio de Cultura, avalado por informes periciales y obligado a tomar una decisión por la última sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los vecinos, ha hecho valer su capacidad para decidir sobre el posible efecto expoliador que podía tener el PEPRI sobre el patrimonio cultural de El Cabanyal-Canyamelar y así lo ha declarado. Esto supone, con la entrada en escena del Constitucional, que al menos de momento la prolongación es ilegal, y el Ayuntamiento tendrá que dejar para más adelante seguir con ella, si la legalidad se lo permite. El Ayuntamiento debería centrarse en cumplir la otra mitad de su programa electoral, la que todos apoyamos, que consiste en propiciar la rehabilitación de El Cabanyal. A ningún vecino, partidario o no de la prolongación, le interesa que se paralicen las inversiones que habían prometido el Ayuntamiento y la Generalitat y que nada tienen que ver con la apertura de Blasco Ibáñez. De nada sirve tampoco que determinados grupos de vecinos se levanten ahora en defensa de la prolongación. Sus intereses, en ese sentido, aparecen perfectamente representados por la acción del Ayuntamiento y la Generalitat, y las acciones judiciales que desean emprender. Más bien entendemos que es momento de juntar esfuerzos y huir de enfrentamientos.
Desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar hacemos un llamamiento al diálogo entre todos los vecinos y comerciantes, entre todas las asociaciones y organizaciones de nuestro barrio, partidarios y no partidarios de la prolongación, para que exijamos a las administraciones que rehabiliten y regeneren el barrio.
Vicente Gallart es arquitecto y vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar
