Los jueces revocan el archivo de uno de los casos de niños robados

Los jueces de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia han revocado el archivo de la investigación de uno de los supuestos casos de niños robados. La resolución corrige la decisión adoptada por un juzgado de Gandia, que había considerado prescrito el supuesto delito y por tanto había dado por concluida la investigación. Los jueces le devuelven ahora la causa para que continúe con su instrucción.

La sección quinta, según comunicó la fiscalía en un comunicado, acogió la tesis del ministerio público, que entendía que la sustracción de bebés es un "delito permanente" y por ello el momento a partir del cual debería empezar a contarse la prescripción comienza "desde que la víctima hubiere alcanzado la mayoría de edad" y, si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha de su muerte.

La denuncia sobre el robo de niños a gran escala en España la hizo a principios de año la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). La entidad presentó una denuncia colectiva por 261 supuestos casos ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a principios de 2011. Conde-Pumpido distribuyó las denuncias entre las diferentes fiscalías provinciales al considerar que la sustracción no había respondido a un plan sistemático en toda España, sino que había tenido lugar como consecuencia de la actividad de varias tramas sin relación entre sí.

El robo de bebés, según han ido revelando las investigaciones, se produjo desde la posguerra española y hasta bien avanzados los años ochenta. En el tráfico de niños, que al menos en una parte de los casos eran dados en adopción a terceras personas a cambio de dinero, habrían participado médicos, curas, monjas y funcionarios. A los padres de los niños les solían decir que habían muerto después del parto. Unas 200 supuestas víctimas valencianas se reunieron en mayo en Catarroja y muchas de ellas se sometieron a una prueba de ADN.