El juez imputa a 26 empleados municipales de Valencia por el 'caso Bellver'
El Juzgado de Instrucción número uno de Valencia ha citado a 26 funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, 25 técnicos y un secretario, para que declaren en calidad de imputados en la causa abierta contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por supuesto delito de prevaricación. La decisión ha sido tomada de oficio por el magistrado. La fiscalía ha solicitado que se amplíe esa lista a varios funcionarios más, entre ellos el jefe de los secretarios municipales. Los citados a declarar son aquellos a los que el propio Ayuntamiento de Valencia, en respuesta a una petición del juzgado, ha señalado por escrito como intervinientes en el expediente por el que se aprobó la construcción de un aparcamiento en la calle de Severo Ochoa que afecta a los protegidos Jardines de Monforte y que no contó con el preceptivo informe de Patrimonio porque nunca, según el ministerio público, se solicitó a la Consejería de Cultura.
El secretario que ha sido citado a declarar por el juez como imputado es el que certifica que técnicos participaron en el expediente de autorización de la construcción del aparcamiento. En ese mismo escrito se asegura que ninguno de los seis secretarios de la Corporación intervino en la tramitación. Sin embargo, nada más iniciarse las actuaciones, los secretarios, en bloque, presentaron al magistrado un escrito firmado por ellos en el que expresamente avalaban la legalidad del expediente bajo sospecha que firmó el concejal Bellver.
El edil señaló a otros
Fue el concejal, imputado en la causa, quien señaló a técnicos y secretarios como hipotéticos responsables si hubiese algún defecto en la tramitación del expediente. Según Bellver, él firmó lo que le pusieron delante y no sabía que la protección especial que desde 1941 tienen los Jardines de Monforte, obligase a pedir dictamen a Patrimonio, a pesar de que en la página web de la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que dirige Bellver, exige ese trámite incluso para obras menores.
Más aún, esa misma concejalía lo solicitó para la construcción de otros aparcamientos que afectaban a espacios protegidos, en muchos de los cuales la respuesta fue negativa y el Consistorio cambió entonces la concesión a otra empresa con otro proyecto.
