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Un juez obliga a Castellón a medir el ruido en un barrio

María Fabra

Un juzgado de lo Contencioso administrativo ha obligado al Ayuntamiento de Castellón a medir el nivel de ruido de la zona de Lagasca, con el fin de comprobar si se trata de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La sentencia responde a un recurso, presentado por la asociación Castelló sense Soroll, después de que el consistorio decidiera no cumplir un acuerdo adoptado por el pleno municipal, en diciembre de 2006, que recogía la decisión de medir el nivel de ruido en la zona. El equipo de gobierno del PP alegó que dichas mediciones habían quedado en suspenso ante la necesidad de redactar un plan acústico, exigido por la Generalitat desde 2002 para los municipios de más de 20.000 habitantes. Pese a ello, el tribunal considera que debe ejecutarse el acuerdo adoptado en el pleno y proceder a las mediciones ya que las medidas plasmadas en el plan "no sustituyen a las que serían de aplicación de apreciarse que concurren los requisitos para la declaración de una ZAS" que, según ha apuntado la asociación, "son mucho más restrictivas".

En cualquier caso, según aseguró ayer el portavoz del colectivo, Tomás Verdejo, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna de las medidas contempladas en el plan acústico municipal y en el posterior plan zonal, tras un año de vigencia. Entre ellas se encuentra la instalación de limitadores telemáticos de los equipos musicales, que son controlados desde la propia policía, ni la designación de patrullas específicas para el control de ruido. El colectivo admite que los locales han realizado un "esfuerzo" por hacer posible el descanso de los vecinos. "Pero no sabemos si es el que corresponde porque el Ayuntamiento tampoco ha realizado auditorías acústicas", añade.

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