El juez reactiva el 'caso Aguas de Calpe' con más citaciones

A la búsqueda del dinero desaparecido. El juez que instruye el caso Aguas de Calpe tiene previsto citar a declarar a los presuntos hombres de paja a los que la empresa adjudicataria de los trabajos de saneamiento de la red, Obras Hidráulicas de Levante, habría desviado más de un millón de euros pese a que no intervinieron en esos trabajos, realizados a partir de 2004, cuando el PP gobernaba en Calp con mayoría absoluta.

Obras Hidráulicas, que era propiedad de Francisco Artacho, cuñado del aún hoy concejal popular y diputado provincial Juan Roselló, entregó en concreto 435.600 euros a Antonio Ramón Céspedes López, 350.312 euros a Javier Rojo García y 273.984 euros a Raimundo Lozano Hernández, según consta en el informe pericial que ha reactivado un caso que lleva ya seis años en los tribunales y que ha salpicado a la cúpula del PP de Calp, que ahora vuelve a gobernar el municipio, con el Bloc y el PSD.

No obstante, el magistrado llamará primero a declarar el próximo 9 de julio al administrador de Obras Hidráulicas de Levante y hombre de confianza de Artacho, Jesús Lara Santamaría, a quien le cuestionará sobre los movimientos bancarios de la firma y por los motivos por los que el dinero, concebido para una obra pública, acabó en manos de presuntos testaferros. De hecho, Obras Hidráulicas ni siquiera ejecutó las obras que le había adjudicado la concesionaria pública Aguas de Calpe sino que volvió a subcontratar los trabajos a otra mercantil, Montubo, a la que le abonó solo 1,5 millones de euros.

Desvíos y sobrecostes

La intención del juez es saber precisamente por qué el resto del dinero fue a parar a otras cuentas bancarias. Estos desvíos confirmarían además que hubo sobrecoste en las obras, toda vez que un informe de la Generalitat señaló que el verdadero precio de las actuaciones ascendía a solo 2,2 millones y un segundo dictamen de la Universitat de València lo redujo a 1,7 millones. Paradójicamente, hay al menos dos empresas que sí realizaron trabajos reales en la red de saneamiento y a las que aún se les adeuda un total de 320.000 euros.

En una prueba de que el tribunal se ha decidido a finalizar las interminables diligencias previas del caso, los representantes de esas dos firmas (Excagata, que tiene pendiente de cobro 240.000 euros, y Vives Dalmau, que aún reclama 80.000) acudieron el pasado viernes a declarar ante el juez para confirmar la deuda.