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El juzgado investiga al ingeniero del 'caso Polop' por fraude fiscal

Tejió una red de facturación para evacuar beneficios ilícitos

El ex ingeniero municipal de Polop, José Vicente Martí Albiñana, tejió una red de facturación entre tres empresas para obtener beneficios supuestamente ilícitos por importe de más de un millón de euros. Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil tras analizar a instancias del juez toda la documentación de Martí y de las mercantiles EIA Ingeniería, SL, UEI La Marina, SL y Marina Social, SL en poder de la Agencia Tributaria.

Marina Social, compartida con su esposa, Laura Alabau Martí (ex juez de Dénia que se dio a conocer por negarse repetidamente a celebrar bodas entre homosexuales), habría sido la receptora final de los fondos con los que ambos adquirieron dos inmuebles en Dénia por valor de medio millón de euros.

Comparte una de las empresas con su mujer, la ex juez de Dénia Laura Alabau
UEI La Marina redactaba informes a nombre de testaferros

José Vicente Martí fue ingeniero de Polop entre 1999 y 2005 y es uno de los tres imputados por el juzgado de instrucción número 3 de La Vila Joiosa a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante. Los otros dos son el ex alcalde Juan Cano y otro ex regidor, Jaime Narbó. Ninguno de los tres ha prestado todavía declaración en el juzgado que investiga la corrupción urbanística del municipio, descubierta mientras se investigaba el asesinato de Alejandro Ponsoda, predecesor de Cano en la alcaldía, que fue asesinado a tiros en octubre de 2007.

El informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio acumulado por Martí durante su permanencia en Polop abunda en la tesis de que diseñó una estructura empresarial "para dar apariencia de legalidad a sus actividades, interponiendo para ello diversas personas físicas y jurídicas para no llamar la atención (...) y así poder evacuar ese beneficio obtenido ilícitamente". La información de Hacienda cruzada por la policía llega a la conclusión que entre 1999 y 2006 el ex ingeniero de Polop acumuló un beneficio de 1.016.561,96 euros con tres mercantiles.

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El proceder era "derivar los ingresos obtenidos por Urbanismo e Ingeniería de la Marina, SL a las otras dos sociedades: EIA Ingeniería, SL y Marina Social, SL". "Se puede deducir que UEI La Marina habría tenido un carácter totalmente instrumental, constituyéndose en una emisora de remesas de dinero mediante la realización de pagos por compras a las otras dos mercantiles, esto es EIA y Marina Social, quedando esta última como una sociedad meramente patrimonial, siendo utilizada por José Vicente Martí para la adquisición de bienes inmuebles", añade el informe policial tras el análisis de la documentación facilitada por la Agencia Tributaria.José Vicente Martí llegó a Polop de la mano de Juan Cano, entonces concejal de Urbanismo, a través de un convenio que firmó el Ayuntamiento con la Universidad Politécnica de Valencia en 1999. Fue contratado a través de la mercantil EIA Ingeniería y al poco de comenzar a trabajar en Polop, esta sociedad ya compró dos vehículos, un Mercedes C220CDI en 2001 y un Audi 4 1.9 en 2003, todavía en propiedad de la mercantil cuando la Guardia Civil hizo el informe a finales de 2008. También compró un Renault Megane en 2000, un Seat Ibiza en 2002 y un Volkswagen Passat en 2003, todos ellos vendidos en 2007. Entre 2001 y 2002 también compró un inmueble de 100 metros cuadrados, una plaza de garaje con trastero de 36 metros y un local comercial de otros 323, todos ellos en Valencia, por 372.674,85 euros.

Sin embargo, la principal inversión la ejecutó Marina Social, SL, compartida por Martí al 50% con Laura Alabau. Esta empresa recibió entre 2005 y 2007 hasta 597.400 euros de las otras dos, dinero con el que compraron los inmuebles de Dénia: dos apartamentos de 137,6 metros cada uno, dos garajes de 53,84 metros y un trastero de 4,95 por 500.000 euros.

Martí Albiñana informaba desde el Ayuntamiento como técnico municipal de los documentos que redactaba UEI La Marina a nombre de testaferros para los diferentes urbanizadores a los que facturaba. Según los datos del informe, solo a los promotores les facturó 549.762,45 euros, ingresos finalmente derivados a Marina Social, SL. Cuando Martí y Alabau crearon esta empresa, la forma de desembolsar el capital social de 3.500 euros fue a través de la aportación por parte de ambos de dos ordenadores portátiles y una impresora. La policía concluye que "no se observa por parte de los socios intención de operar en el tráfico mercantil".

El informe también añade que EIA Ingeniería ganó 407.904,07 euros entre 2002 y 2003. En 2004, cuando Cano ya no era concejal, presentó pérdidas por importe de 9.793,8 euros. Martí Albiñana fue despedido en 2005 del Ayuntamiento de Polop por una supuesta pérdida de confianza del entonces concejal de Urbanismo Juan Andrés Llorens. Al llegar Cano a la alcaldía, volvió a confiar en Martí.

Martí Albiñana, que obtuvo la plaza como profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia en marzo de 2002, ya declaró el 24 de enero de 2006 en el juzgado número 3 de Valencia en la causa de facturas falsas que implicó a 17 empresas, incluida Terra Mítica, que habría servido para defraudar 4,4 millones de euros a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 en el pago del IVA y del impuesto de sociedades. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama. Martí Albiñana declaró el mismo día que Juan Carlos Moreno Carpio y José Herrero García porque había realizado diferentes servicios para una de las firmas del empresario Vicente Conesa.

El informe de la Guardia Civil descubre que entre los gastos de sus empresas hay declarados 426.758,29 euros pagados a C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, denunciada por la Agencia Tributaria por fraude fiscal, falsificación de documento y delito contable en el caso Terra Mítica.

Contraria a casar homosexuales

La juez Laura Alabau, entonces titular del juzgado número 3 de Dénia y responsable del Registro Civil, se hizo famosa en 2005 por negarse repetidamente a casar parejas de homosexuales. Ese mismo año compró dos apartamentos en Dénia a medias con su marido, José Vicente Martí Albiñana, a nombre de la mercantil Marina Social, SL, con dinero procedente del desarrollo urbanístico de Polop. Para entonces, Alabau ya era socia de su pareja en las otras dos empresas de la supuesta trama corrupta que trenzó Martí, ya que Marina Social tenía participaciones sociales de UEI La Marina y EIA Ingeniería.

Tras negarse a casar a dos varones británicos en 2006, la Dirección General de Registros la obligó a inscribir la boda. Alabau escribió al TSJ calificando la decisión de "ilegal" y producto de "intereses políticos y propagandísticos", considerándose una víctima "del aparato propagandístico del Gobierno". El CGPJ le condonó en 2008 la sanción de 305 euros que le había impuesto con los nueve votos a favor de la mayoría conservadora y ocho en contra. La que la comisión disciplinaria del Consejo había considerado una falta grave por "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos" y "desatención o desconsideración con el Ministerio Fiscal" acabó siendo estimado como un ejercicio de libertad de expresión de la juez. Tres meses después, Alabau fue trasladada en una comisión de servicio a un juzgado de Valencia.

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