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La libertad de expresión, en jaque

El veto en el Muvim es el último episodio de censura del PP en las institucionesExposiciones fotográficas, actores y noticias molestas, en un largo historial de vetos

Negar la realidad se está convirtiendo en una costumbre en la Comunidad Valenciana. Por eso, el último episodio de censura no constituye un hecho aislado. Se trata del gesto autoritario del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que ha llegado a justificar en su "libertad de opinión" la censura en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Muvim) de 10 imágenes, entre ellas varias que ilustraban el caso Gürtel, de la exposición Fragments d'un any, con la que fotoperiodistas valencianos resumían el año 2009. Una decisión que acabó con la dimisión del director del museo, Romà de la Calle, opuesto a la censura, y la retirada de la muestra, que la Uniò de Periodistes Valencians reinauguró este jueves en una sala privada, tras denunciar "una agresión inconcebible en un sociedad democrática".

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Por supuesto, los partidos de la oposición, el Consell Valencià de Cultura, colectivos profesionales relacionados con la cultura, directores de 31 museos y todo tipo de instituciones han calificado los hechos de atentado a la libertad de expresión. Pero nadie dentro del PP ha salido en defensa de ese derecho constitucional. No lo ha hecho el máximo responsable del partido, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que además es el cargo de más rango salpicado por la trama Gürtel. Tampoco desde la dirección nacional del PP, se ha oído una voz que reconvierta por poco democrático el golpe de Rus.

Sólo dos altos cargos se han salido ligeramente del guión: Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, se mostró más astuto que Rus, quizás calculador, al afirmar que hubiera mantenido la exposición pero que, después, ya en frío, hubiera destituido a la De la Calle. Y Rita Barberá, que afirmó que "cuando alguien se compromete con una exposición, mantiene la exposición", aunque después no aceptó el reto de la oposición de ceder una sala a Fragments. Es más, se le recordó que ella ya fue condenada hace más de una década por censurar otra exposición porque las fotos exhibidas podían "herir sensibilidades", en referencia a las imágenes de Teresa Arcos que en 1996 plasmaban las relaciones afectivas de miembros de familias retratados desnudos, entre las que había mujeres embarazadas y madres con sus bebés.Manuel Mata, diputado socialista en las Cortes Valencianas, además de abogado, relaciona aquel caso con el de la muestra de los periodistas. "Las instituciones pueden autorizar la exposición o rechazarla por motivos más o menos justificables, eso es legal, pero, una vez aceptada, si se prohíbe o se censura se les puede denunciar por el trámite especial de vulneración de los derechos fundamentales, en este caso por impedir la libertad de expresión, que se consagra en el artículo 18 de la Constitución". Así fue en el caso de Teresa Arcos y el Tribunal Superior de Justicia condenó a la institución que preside Barberá al pago de las costas.

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Pero al final, el PP hace oídos sordos a toda queja referida a la libertad de expresión o al derecho a la información. De hecho, las noticias de la censura en el Muvim, que han copado las portadas de los periódicos nacionales y llenado los informativos de las televisiones, no han existido para el telespectador de Canal 9. Una cadena que lleva años ejerciendo la manipulación periodística pero que en 2009 ha llegado a límites inconcebibles para omitir todo tipo de noticias que afecten al PP.

"Ha llegado el punto que ya hasta es noticia ver qué noticia no da Canal 9", exclama Yolanda Verdú, licenciada en Derecho, en Filología y doctora en Periodismo, que en 2008 elaboró la tesis doctoral Sesgo y encuadre en las noticias de televisión. Un trabajo que detallaba las estrategias aplicadas en Canal 9 a lo largo de seis meses para hablar de corrupción urbanística sólo cuando afectaba a municipios o comunidades autónomas gobernados por otros partidos. O para justificar la necesidad del trasvase del Ebro, infraestructura derogada varios años antes pero que se ha convertido en dogma electoral del PP. Es decir, "la negación de cualquier punto de vista discrepante con la línea argumental del PP", en palabras de Verdú.

Y la experta pone como último ejemplo de manipulación la página web: "Mientras todas las televisiones cuelgan íntegros sus informativos, lo que hace Canal 9 es una selección de noticias, en la que eliminan lo que no les gusta".

La censura del PP viene de lejos. La Universidad de Alicante nombró a Mario Benedetti doctor honoris causa en el año 1999, y aprovechando su presencia en la ciudad la Universidad solicitó el Aula de Cultura de la CAM para presentar un libro y las actas académicas del congreso sobre el escritor del año anterior. "Lo pedí como mucha antelación, y cuando informé de que el entonces rector, Andrés Pedreño, presidiría el acto empezaron los problemas", recuerda ahora el catedrático de Literatura Hispanoamericana, José Carlos Rovira. "Al final me insinuaron que si el rector intervenía sería mejor hacerlo en otro lugar, como el campus", se lamenta Rovira. Rovira recuerda que esta censura llegó en el momento de máxima confrontación entre el rector y el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, debido a la segregación forzosa de centros y facultades impuesta por la Generalitat para crear una nueva universidad. "Fue un acto de censura inadmisible", resume, y cita las palabras de Mario Benedetti pidiendo "respeto a sus canas".

En 2001, el fotógrafo Toni Sanchis retiró obras de una exposición colectiva en el Museu de la Ciutat de Valencia porque se vetaron retratos de políticos como Joan Lerma o Antoni Asunción.

En 2003, el propio González Pons, entonces consejero de Cultura, vetó en una muestra la simulación de un disparo en la sien de un hombre. En 2005 el veto, por motivos religiosos, supuso la retirada del cartel del festival Observatori, que mezclaba la iconografía de varias religiones con otros dioses paganos, como Michael Jackson o la rana Gustavo. En otoño pasado, el Palau de la Música sustituyó referencias al pueblo catalán y a los catalanes, que al PP le producen sarpullidos, por las palabras valenciano o aragonés en el libreto de Roger de Flor, de Ruperto Chapí, en el centenario del compositor.

Los casos son numerosos. Y a veces la censura también es recurrente. El actor Xavi Castillo ha sido vetado en múltiples ocasiones por los dirigentes del PP. La esencia de sus actuaciones es la crítica descomunal a los políticos valencianos, pero algunos no le perdonan. En el Teatro Arniches de Alicante, en febrero de 2006, representó L'estrany viatge, cuyo cartel fue censurado porque aparecía una caricatura del ex presidente Eduardo Zaplana como "el malo" de la historia. La excusa: "No podemos permitir la burla de nuestros políticos". El teatro se llenó hasta la bandera. "Son burros, la polémica provoca que venga mucha gente a mis espectáculos y que tengan más difusión", admite el actor.

En la reinauguración de Fragments d'un any, Romà de la Calle explicó que la "libertad de expresión es como el aire, que sólo se habla de él cuando está contaminado". Y añadió que si él, que es "inocente", ha dimitido y no los culpables, "es que algo huele a podrido".

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