Sin licencia para rapiñar

Aunque lenta siempre e impredecible a menudo, la justicia cabal no suelta su presa cuando le hinca el diente. Otra cosa es que muchas presas o asuntos se queden en el limbo procesal por falta de recursos materiales para abordarlos, o por algún otro motivo inconfesable. Algo de esto han debido sospechar cuantos han seguido con interés los conflictos judiciales del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Después de seis años largos enzarzado en ellos, mientras asistíamos perplejos a un insólito desfile de jueces y fiscales que se iban legando unos a otros la patata caliente, bien pudimos colegir que la prescripción o el aburrimiento acabarían enterrando los contenciosos o verían luz cuando el presunto ya estuviese abonando amapolas.

Parece que no será así. Esta semana un juzgado de instrucción de Nules ha desempolvado los papeles y propiciado la posibilidad de que este prominente ciudadano, uno de los últimos ejemplares de la bonhomía caciquil, acabe por fin sentado en el banquillo para responder ante un jurado por varios -se mencionan nueve- delitos fiscales y otros de soborno y tráfico de influencias. Se enmendaría de este modo una flagrante injusticia, cual es la de sumir tanto tiempo en la incertidumbre a una persona, y ello a pesar de que esta pueda preferir acomodarse a esa ambigüedad penal antes que afrontar el fallo de los tribunales. La verdad es que, a la luz de los hechos justiciables, tal como reiteradamente han sido descritos, el citado presidente corporativo no debe esperar con entusiasmo y confianza la apertura del o de los juicios con el fallo condenatorio que se atisban y la consiguiente agitación mediática.

Ya se ve que con unos u otros protagonistas del PP la crónica política valenciana no puede obviar los tribunales. Tanto más, porque tampoco hay otros asuntos relevantes habida cuenta del inmovilismo que traba a la Administración autonómica, maniatada por el nublado judicial que asimismo abruma al molt honorable presidente Francisco Camps. En tales circunstancias, el debate o tema preferente de los cenáculos cívicos en estos momentos gira en torno al futuro político inmediato, dando por amortizada esta legislatura y a sus personajes más notables. En realidad, también es éste el tema que preocupa en sectores conservadores que ya se han resignado a la caducidad de sus dirigentes, empapelados y cómplices de la trama corrupta Gürtel. Se consuelan por ahora con el pronóstico de que, a pesar de los escándalos y de las imputaciones, la derecha seguirá gobernando la Generalitat.

Por desgracia, y por la quiebra que ello significa para la salud democrática del país, entre la oposición también ha calado el fatalismo y no se percibe la posibilidad del cambio autonómico en los próximos comicios. Los tres lustros transcurridos bajo la hegemonía del PP se han traducido en una desalentadora desmovilización de la sociedad, saturada por el clientelismo que ha fomentado el partido gobernante y encogida por la precariedad con la que nos aflige la crisis económica. En cualquier caso, si no hay alternativa electoral, lo inexorable es que las sentencias pendientes jubilen al vergonzante clan que hoy nos gobierna la Comunidad. Quienes reciban el testigo, aunque luzcan las mismas siglas, quizá sean más avisados, incluso más demócratas y hasta es posible que no confundan el poder con la licencia para rapiñar. Tampoco pedimos un milagro.