El linaje del 'cossi'
La sombra del agüelo Pantorrilles sobrevuela los prolegómenos de la campaña electoral. Parece mentira, pero así es. El tufo mohoso del caciquismo inunda el ambiente de la democracia como perfumaba el del Antiguo Régimen en los tiempos decimonónicos de Victorino Fabra Gil, cabeza visible del partido del cossi, o lo que es lo mismo, del "instrumento caciquil por excelencia durante la Restauración" en Castellón, en expresiva descripción de Manuel Martí, uno de sus principales estudiosos. Emulando a sus antepasados, el Fabra de turno en la Diputación, Carlos, se mueve en un territorio en el que ciertas maniobras anónimas para "arreglar" resultados mediante altas masivas de votantes fantasmas en pequeños pueblos clave se convierten en más que conjeturas.
A estas alturas, el caso Fabra, con su trasfondo de tráfico de influencias y de descarado caciquismo provincial, no puede ser considerado sin más una anomalía menor, ni el quejido fugaz de un linaje que se resiste a hacer mutis, sino todo un síntoma de fondo: la expresión de una deriva general que afecta a aquella derecha que irrumpió a mediados de los años noventa con expectativas de modernización y ha acabado sucumbiendo a la vieja concupiscencia del poder.
El tono beligerante y la desinhibición en el uso de una posición dominante en las instituciones, que tan briosamente exhiben las tropas de Francisco Camps, no son consecuencia de una estrategia de mercadotecnia electoral; proceden de una antigua mentalidad. Son el resultado de una genealogía que acumula muchos lustros de preponderancia política y social. Y que impregna con facilidad a las fuerzas vivas.
Sólo así, en la consideración casi subconsciente de que la política es cosa de los que están destinados a mandar, puede entenderse que la Junta Electoral prohíba a los ciudadanos decir la suya de cara a la campaña electoral en dependencias de uso público pertenecientes a cualquier administración. Según la lógica de la resolución a propósito de la película ¡Ja en tenim prou!, un panfleto audiovisual perfectamente legítimo que no esconde su objetivo con subterfugios de supuesta "información" o de balance de "gestión", sólo los partidos (aunque se trate de algunos como ese del cannabis, que aparece y desaparece misteriosamente a la llamada de las urnas) tienen derecho a expresar su opción en el salón de actos de la facultad o el centro cultural municipal. Esa visión encogida del espacio público arraiga en una concepción "orgánica" del debate democrático y en el miedo a la libertad.
