La lógica de lo corrupto
Los expertos en el fenómeno de la mafia destacaban hace unos años su mimetización con el gran capital, su reconversión de la vieja estética del paleto de la Italia profunda a la moderna imagen del broker, el cambio de sus procedimientos a los de las modernas empresas multinacionales. Roberto Saviano, por ejemplo, ha denunciado cómo las familias al estilo siciliano han sido capaces de transformarse en corporaciones de amplio alcance, en un proceso muy propio de la globalización que nos envuelve. En el fondo de esa mutación late una lógica de lo corrupto que se basa en la capacidad de adaptación a las exigencias cambiantes de la realidad social y, sobre todo, a los entramados de poder y su funcionamiento.
A estas alturas del siglo XXI, en la sociedad valenciana, no hay nada que pueda compararse con la mafia en su sentido fuerte. Afortunadamente, el crimen organizado no ocupa un papel relevante en la escena pública. Otra cosa es lo que podemos decir sobre la mafia en su sentido genérico y generalizable. ¿Qué es exactamente lo que funcionaba, o funciona, en las principales instituciones de la provincia de Alicante sino una mafia? ¿Cómo podemos denominar a esa red de interconexión de negocios oscuros en la que proliferan los gabellotti que intermedian entre la Administración y sus beneficiarios?
Hay algo que te dice que las cosas tienen mala pinta cuando ves repetirse los mismos nombres en corruptelas distintas sobre la misma área geográfica y el mismo escenario de poder político. La flamante alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, diputada autonómica y figura emergente del PP hace apenas nada, surge estos días como pieza central de un entramado que tiene sus conexiones con otro en el que el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, goza de especial protagonismo, con empresarios, adjudicatarios y promotores sospechosamente coincidentes. Además, en el despacho del hermano de Castedo y su socio, piezas clave en el supuesto tráfico de influencias sobre el Plan General de Alicante, ha hallado la policía informes y dossieres sobre personajes que denuncian la corrupción, como el diputado socialista Ángel Luna, o que la combaten judicialmente, como el mismísimo fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
¿Cuál es el grado de organización de esa mafia que emerge en tantos frentes de la política y la vida económica alicantina a medida que la investigación del caso Brugal excava en sus entrañas? ¿Hay alguna institución que quede libre de la manipulación interesada, el soborno, la información privilegiada o el tráfico de influencias? Desde el partido mayoritario, al que pertenecen la gran mayoría de los cargos implicados, se mantiene la actitud entre chulesca y despreciativa que llevó a Francisco Camps a una dimisión esperpéntica. Tampoco parece que haya una reacción popular significativa. Si llega el día en que hablemos de capos y consiglieri será tarde para lamentarlo.
