Un mes de penas y fatalidades
Los autos del 'caso Gürtel' condicionan la agenda institucional de Camps - El ajuste presupuestario y la pérdida de las cajas lastran la gestión del Consell
Desde que el pasado 12 de mayo, el Tribunal Supremo reabriera el caso de los trajes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se esfuerza diariamente por combatir la sensación de que no está al frente de un Gobierno agotado. Sin embargo, los autos judiciales relacionados con el caso Gürtel y las graves consecuencias de la crisis económica han condicionado como nunca la agenda pública del Consell, especialmente de su presidente y los tres vicepresidentes.
El Consell ya era consciente de su imagen de parálisis tras más de un año de caso Gürtel, con Camps pendiente de si volvía, o no, a la condición de imputado por un delito de cohecho pasivo impropio. Así lo confirma, una orden del delegado del Consell en Alicante y vicesecretario general del PP regional, José Císcar, remitida a primeros de mayo a todos los ayuntamientos populares.
El Consell quiere saber todo lo que se puede inaugurar en los municipios
El final de las sesiones de control da un pequeño respiro a Camps
"Te ruego nos remitas a la mayor brevedad posible las obras terminadas y no inauguradas que hayan sido financiadas, subvencionadas o participadas de cualquier modo por la Generalitat", señala la orden, "A tales efectos, resulta indiferente que sean obras incluidas en el plan Confianza de la Generalitat o que formen parte de cualquier otro programa del Consell".
El resultado, por ahora, ha sido bastante magro. Las resoluciones judiciales contrarias a sus intereses y los duros ajustes económicos a los que se ha visto obligado el Consell han hecho que Camps sea incapaz de controlar la agenda política. De hecho, el presidente de la Generalitat está montado en una especie de montaña rusa que le niega el sosiego necesario para retomar la iniciativa mediática y arrancar su campaña electoral más larga y complicada.
"Los tiempos difíciles hay que tomarlos con ambición y con esperanza", señaló Camps el viernes en su segunda visita en menos de un mes a la estación de Los Luceros del TRAM de Alicante. Con las Cortes a punto de cerrar el periodo de sesiones -el pasado jueves se sometió a la última sesión de control de este periodo y no volverá al Parlamento hasta septiembre-, la agenda del jefe del Consell sigue pendiente de los juzgados y las dificultades económicas que le impiden relanzar la gestión.
En términos cuantitativos, el Consell ha mantenido un número superior de convocatorias públicas al de otros gobiernos regionales como el de Madrid, Andalucía y Aragón. Así, el Ejecutivo de Camps ha contabilizado 312 actos en el último mes y medio, frente a los 232 del Gobierno andaluz, los 203 del aragonés o los 103 del madrileño. El Gobierno catalán, a las puertas de los próximos comicios autonómicos que celebrará en otoño, acumula 518 actos en el mismo periodo.
Un análisis cualitativo de estos actos, revela que el presidente de la Generalitat mantiene una actividad muy superior a la de sus tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. Un hecho coherente con la nueva estrategia adoptada por Camps tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que reabría la causa de los trajes.
El jefe del Consell, hasta entonces esquivo con los medios de comunicación, anunció el pasado 12 de mayo que se defendería, personalmente, de las informaciones relacionadas con Gürtel para rehabilitar su imagen. La promesa se ha cumplido, aunque a medias. Camps ha intentado mostrarse más accesible, pero siempre en escenarios controlados, lo que le ha hecho concentrar los actos en el Palau de la Generalitat.
Una de las razones es que los acontecimientos apenas han dado tregua a un Camps cada vez más dependiente de sus propias fuerzas. Si el pasado día 12, Camps supo que el Supremo le devolvía la condición de imputado, cinco días después el alto tribunal desvelaba que la decisión había sido adoptada por unanimidad de todos los magistrados.
Sin apenas respiro, el 24 de mayo, la CAM anunció el acuerdo de fusión con Cajastur mediante un pacto que permite a la caja alicantina mantener su presencia, pero no controlar la entidad resultante. El presidente intentó amortiguar el varapalo dando el acuerdo por bueno, mientras mantenía una reunión con los alcaldes de las tres capitales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para analizar las duras repercusiones del decreto de ajuste del Gobierno central.
Al día siguiente, los tres vicepresidentes, cuyas figuras se han difuminado a medida que avanzaba el caso Gürtel, alardearon de los logros realizados en esta legislatura. Y el azar les volvió a jugar una mala pasada. Ese 26 de mayo, el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, anunciaba su decisión de inhibirse parcialmente en favor del TSJ de Valencia al hallar indicios de que cargos aforados del PP valenciano -entre ellos Vicente Rambla- podían ser imputados de supuestos delitos como financiación irregular, cohecho y delito electoral.
Con esta caída en picado, Camps intentó remontar de nuevo publicitando uno de sus proyectos estrella: el nuevo hospital La Fe. Y acudió a "la presentación de la finalización de las obras". Un acto con el que se dio un pequeño respiro. En los días siguientes Camps inauguró la rehabilitación del palacio de La Asegurada en Alicante, visitó las obras del TRAM y pidió que se mostrasen, con balances, sus logros en esta legislatura y la anterior.
La realidad, en cambio, no le ha dado respiro. Si el paro baja, lo hace menos que en España. Bancaja se fusiona, como socio minoritario, con Caja Madrid y acaba con el sueño de contar con una gran caja valenciana. En medio de este panorama, Camps decidió marcharse de viaje oficial a Moscú para tomar aire, mientras su vicepresidente económico asumía en Valencia otro recorte del presupuesto de 1.000 millones de euros y a su consejero de Educación le daban calabazas en la última evaluación del Gobierno. Ahora, Camps solo confía en que los tribunales le den un poco de tregua para intentar recomponer la figura.
El Consell busca recuperar su imagen entre los alcaldes del PP
El Consell se ha empeñado en relanzar su imagen entre los alcaldes y portavoces del PP, muchos de los cuales no ocultan en privado su hastío por la falta de gestión y de recursos económicos en buena parte de las consejerías.
Con la intención de contrarrestar el deterioro entre las propias filas, la dirección regional del PP y el coordinador entre el Consell y el partido, el vicepresidente Juan Cotino, arrancaron una campaña el pasado 1 de junio para explicar la gestión del Ejecutivo valenciano.
Así, la agenda popular ha incluido a lo largo de este mes reuniones de ámbito comarcal de los consejeros con alcaldes y portavoces del PP. La última, la celebrada el pasado viernes por la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, en Benidorm con los cargos de la comarca de La Marina Baixa.
En la rueda han entrado ya la consejera de Justicia, Paula Sánchez de León; el titular de Sanidad, Manuel Cervera; el de Infraestructuras, Mario Flores; el de Gobernación, Serafín Castellano; la de Cultura, Trini Miró, y los vicepresidentes Juan Cotino y Vicente Rambla.
Lo sorprendente de la campaña interna de los consejeros es que intercalan las reuniones de partido con la agenda oficial. Así, en el último mes, los titulares de distintos departamentos del Consell han mantenido a lo largo de la geografía valenciana -Ayora, Morella, Monòver, Sueca, Gandia, Mislata, Almoradí- reuniones matinales y vespertinas con alcaldes y portavoces del PP, en horarios en los que se supone que están ocupados con la gestión de gobierno.
Encuentros que hasta ahora se habían mantenido fuera del horario de gestión administrativa.
Una agenda oficial condicionada por Gürtel y la crisis
- El presidente, entre el interior y el exterior: Desde que el Tribunal Supremo reabrió el asunto de los trajes el pasado 12 de junio, el jefe del Consell ha concentrado su actividad en el Palau de la Generalitat y en el extranjero. Ha mantenido 18 reuniones públicas -protocolarias y de trabajo-, asistido a la entrega de cuatro premios, acudido a cuatro jornadas y a dos conferencias y una procesión. Ha inagurado o visitado nueve obras (La Fe, el Palacio de la Asegurada y la estación de los Luceros del TRAM), acudido a cuatro sesiones del Parlamento y viajado a Moscú 3 días.
- El vicepresidente primero, pendiente del comercio y la industria: En el último mes, Vicente Rambla ha presidido los plenos de las 5 cámaras de comercio valencianas y presentado su Estrategia Política Industrial a patronos y sindicatos. Difuminado tras el auto de Pedreira -que lo vuelve a implicar en los escándalos de Gürtel-, Rambla mantiene una agenda más que discreta.
- Gerardo Camps, concentrado en su despacho. El vicepresidente económico ha optado por delegar en su equipo la mayoría de la agenda pública de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Tan sólo se ha dejado ver en el Consejo de Política Económica y Fiscal y en unos pocos actos públicos, como la presentación de un libro, unos premios, o la firma de un convenio.
- El responsable del área social, con la mirada en el PP: Juan Cotino ha presentado planes, visitado obras y firmado convenios. Su agenda pública, de un perfil tan bajo que ha eludido presentar el decreto de medidas urbanísticas, coincide con su pretensión de relanzar la imagen del Consell en el seno del PP. En este contexto, Cotino ha intentado sortear las críticas de la oposición por las contrataciones de la Generalitat con Sedesa, la empresa de su familia.
